PP y Cs se distancian de la propuesta de la «extrema izquierda» para la financiación
«En aritmética, dos medios son igual a un entero. En tauromaquia, no. Si a un mediotoro protestado se le añade otro mediotoro de regalo, tendréis dos mediotoros, pero no habréis visto un toro», señalaba el ensayista Gregorio Corrochano. En los grupos de trabajo del Parlamento, en concreto en el de la reforma de la financiación autonómica –el de la reforma electoral es un continuo homenaje a Larra y su «Vuelva usted mañana»– pueden verse incluso hasta tres conclusiones de los distintos grupos políticos –una conjunta de PSOE, Podemos e IU; y las de PP y Ciudadanos– y que siga sin haber una conjunta. La Cámara autonómica anunció la convocatoria de una nueva reunión el martes 27 en la que se someterá a votación un informe que tendrá como base el documento registrado este jueves por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos e IULV-CA. Tras la aceptación de dicho documento como base –que supone el primer gran acuerdo de izquierdas de la legislatura–, los grupos parlamentarios cuentan hasta el mismo día 27 para presentar enmiendas al mismo e intentar alcanzar nuevos acuerdos de cara a la aprobación del informe que, una vez aprobado, se elevará a la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Susana Díaz anunció hace medio año «un frente común» andaluz y para el 28F obtendrá el fruto de la estrategia. PP y Cs, socio de investidura y hasta ahora preferente para el PSOE, se han desmarcado de lo que entienden como la propuesta de la «extrema izquierda».
Ciudadanos arremetió contra el PSOE, acusándole de excluirle de la negociación y hasta de saltarse el reglamento de la Cámara. «PP y PSOE se han retratado, no querían llegar a ningún acuerdo, han hecho un teatro, y sólo han buscado la confrontación con la financiación autonómica», criticó la diputada Marta Bosquet. Cs arremetió también contra el presidente del Grupo de Trabajo, el popular Pablo Venzal, por hacer «un corta y pega de todas las propuestas en lugar de un documento síntesis». La formación naranja señaló que no comparte el documento «pactado con la extrema izquierda» «ni en la forma, por saltarse el procedimiento legal establecido, ni por el fondo, porque pretenden acribillar a impuestos a los andaluces y el resto de españoles». Según Cs, el documento «plantea un incremento de los ingresos descomunal que sólo es posible» con una gran subida de tasas. El diputado Julio Díaz, por su parte, denunció que no han podido «ni leer» el documento del bloque de izquierdas.
En concreto, en el Grupo de Trabajo se celebraron tres votaciones. En la primera, Cs sugería una prórroga para que hubiera una síntesis, pero el triunvirato de izquierdas votó en contra. Después, el PP solicitó que el punto de partida sea el documento conjunto más el de los populares y naranjas, pero también fue tumbado. En la tercera votación, se ha impuesto que el documento del «tripartito» eventual vaya a Comisión de Hacienda. Cs y PP se negaron a votar. Tras el tope del 27 de febrero para las enmiendas y votos particulares, el 9 de marzo la comisión debe tener un dictamen, que será el que vaya al Pleno del Parlamento.
El PP negó que Venzal tuviera que presentar una síntesis y criticó la negociación de los partidos de izquierda en «paralelo» al grupo de trabajo, lo que demuestra «una intención muy clara de poner por delante los intereses partidistas». «Sustituir el consenso por la imposición no es bueno para Andalucía», señaló la diputada popular Carmen Crespo, renunciando a crear «bloques».
El PSOE aseguró que «el PP ha intentado que no haya acuerdo y por eso el presidente del grupo no ha presentado la síntesis», señaló Mario Jiménez, que añadió que el acuerdo, al que espera que se sume Cs, «puede servir de referencia para la aprobación de un modelo de financiación para el conjunto del Estado».
Elena Cortés, de IU, explicó que entre las propuestas pactadas con PSOE y Podemos está un pacto por la financiación local, el reconocimiento de las políticas de igualdad, la defensa del modelo federal, el cuestionamiento de la estabilidad presupuestaria en base a criterios como el objetivo de déficit y el rechazo a la ordinalidad, el punto al que más se agarra Cs con el argumento de que la solidaridad entre territorios no altere el ranking de financiación per cápita como en la actualidad. La coalición de izquierdas prevé plantear un voto particular si no se contempla la exigencia de una reforma fiscal para que las rentas más altas aporten más, así como para la derogación del artículo 135 de la Constitución.
Por parte de Podemos, Carmen Lizárraga solicitó a PP y Cs que se quiten «las gafas de Madrid» y calificó el pacto con PSOE e IU como «de responsabilidad» y alegó que esta confluencia está «legitimada» por la aritmética parlamentaria.