El juez investiga si el Govern pagó publicidad del 1-O a través de Òmnium
El juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O busca en los registros ordenados hoy si la Generalitat financió publicidad del referéndum mediante pagos opacos a Òmnium Cultural, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado hoy a la Guardia Civil registrar el despacho del secretario de Difusión del Govern, Antoni Molons, en el Palau de la Generalitat, y la sede de Òmnium Cultural, en el marco de una diligencia secreta en que investiga un posible delito de malversación de fondos públicos.
Los agentes han entrado a primera hora de esta mañana en la sede de Òmnium Cultural y, tras apartar a los empleados y responsables que allí se encontraban, han rastreado los correos electrónicos de los ordenadores de la entidad.
Paralelamente, los guardias civiles han registrado el domicilio particular de Molons en Sant Joan Despí (Barcelona), en presencia del secretario de Difusión, al que después han trasladado a su oficina en el Palau de la Generalitat con el propósito de inspeccionarla.
Esta operación se enmarca en una nueva línea de investigación que ha abierto el juez instructor para averiguar si la Generalitat pagó campañas publicitarias del 1-O, especialmente el anuncio del referéndum que difundieron varios medios, a través de partidas opacas, no incluidas en los presupuestos.
Los investigadores sospechan que la financiación de la publicidad se pudo vehicular a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural, entidad que habría encargado la confección de la campaña publicidad del 1-O, según las mismas fuentes.
Hasta ahora, la investigación ha constatado que el Govern se gastó cerca de medio millón de euros en insertar en medios de comunicación publicidad relacionada con el referéndum del 1-O, concretamente 277.804 euros para el anuncio "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?", que animaba al voto y se sufragó a cargo del presupuesto de un contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
Otros 224.835 euros, sostienen los investigadores, se destinaron a la campaña "Sí o no", dirigida a promover la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero en un registro para permitirles supuestamente participar en la consulta del 1-O que suspendió el Tribunal Constitucional.
Ambas partidas fueron pagadas con fondos del Departamento de Presidencia, que dirigía el exconseller Jordi Turull, pero la Guardia Civil cree que la Generalitat destinó una suma mayor a la publicidad del 1-O que no es posible determinar debido a las "argucias" del Govern para camuflarla.
Por ese motivo, los investigadores tratan de averiguar si la financiación de la campaña publicitaria, así como otros gastos relacionados con el referéndum, se enmascaró mediante pagos a las entidades soberanistas, entre ellas Òmnium.
En el marco de la investigación por malversación en el 1-O, el juez ordenó a la Guardia Civil acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de los investigados en la causa, con el fin de averiguar si desviaron fondos públicos para sufragar la consulta.
Precisamente, la semana pasada el juez tomó declaración a cuatro empresarios involucrados en la fabricación y difusión de la campaña del 1-O, para averiguar de dónde recibieron los encargos relativos a la publicidad del referéndum.
Dos de los empresarios explicaron al magistrado que fue la Generalitat quien les encargó los trabajos, a través de un intermediario que trabajaba como "free-lance" para la administración catalana y que se identificó como responsable de diseño del Govern, y precisaron que no han llegado a cobrar por ellos.
La causa sobre los preparativos del referéndum se abrió a raíz de una denuncia por las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró en sus conferencias que el Govern ocultaba una partida camuflada de 400 millones de euros para prepara el referéndum y las estructuras de Estado, y el juez ha acordado recientemente prorrogarla hasta febrero de 2019, debido a su complejidad.
Paralelamente, el Tribunal Supremo investiga, en la causa que tiene abierta por rebelión, el papel clave de ANC y Òmnium Cultural en la hoja de ruta unilateral hacia la independencia, junto a los miembros del Govern cesado y la Mesa del Parlament.