El juez que investiga una supuesta caja B en el seno del Partido Popular durante 18 años, José de la Mata, ha incorporado a la causa las declaraciones acusatorias contra Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat valenciana. El antiguo secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusó a Camps de ordenar un método para financiar en negro a la formación regional en 2007 y 2008. [Ver PDF]
Esta acusación formó parte de la declaración de Costa en la vista oral que enjuicia si el PP de Valencia se financió de forma irregular en tres campañas electorales. Costa reconoció estos pagos en negro, admitió su culpa y señaló a Camps, quien está imputado en otras causas, ninguna relacionada con la caja B.
El juez De la Mata también ha incorporado al proceso, que todavía se encuentra en la fase de investigación previa al juicio, las declaraciones de los líderes de la trama Gürtel, que también han reconocido las acusaciones. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, admitieron el método fraudulento pero atribuyeron la iniciativa al PP. Pérez fue más allá y aseguró que Camps ordenó la financiación en negro, sufragada mediante empresarios contratistas de la Generalitat.
En este impulso a la investigación, De la Mata también ha añadido a la causa el relato que lanzó Correa en la última palabra del juicio por la primera época de la trama Gürtel. En aquella cita, el cabecilla ofreció su colaboración en todas las ramas del caso, a cambio de ser liberado, y defendió que el exjuez Baltasar Garzón es una «víctima política» del caso, como él, dijo.
En cambio, el juez ha rechazado por impertinentes los interrogatorios de Esperanza Aguirre y el empresario Juan Miguel Villar Mir, ambos solicitados por la acusación popular de Izquierda Unida. Aguirre declaró como testigo en el juicio por la primera época.
En la vista por la financiación irregular del PP valenciano, nueve empresarios han reconocido que abonaron 1,2, millones de euros con dinero negro para saldar la deuda del PP de Valencia con la Gürtel, por los servicios prestados en las campañas electorales. El juez resolverá si la formación regional se saltó las normas para financiarse burlando los topes legales en las autónomicas y municipales de 2007, y en las generales de 2008.
La causa de la caja B, dirigada por De la Mata, indaga en una supuesta contabilidad opaca que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El PP será juzgado en dicha vista oral como responsable civil, por los tributos que dejó de pagar por las obras de su sede central, en la madrileña calle de Génova, sufragadas -según los investigadores- con dicha contabilidad.
El juez que investiga una supuesta caja B en el seno del Partido Popular durante 18 años, José de la Mata, ha incorporado a la causa las declaraciones acusatorias contra Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat valenciana. El antiguo secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusó a Camps de ordenar un método para financiar en negro a la formación regional en 2007 y 2008. [Ver PDF]
Esta acusación formó parte de la declaración de Costa en la vista oral que enjuicia si el PP de Valencia se financió de forma irregular en tres campañas electorales. Costa reconoció estos pagos en negro, admitió su culpa y señaló a Camps, quien está imputado en otras causas, ninguna relacionada con la caja B.
El juez De la Mata también ha incorporado al proceso, que todavía se encuentra en la fase de investigación previa al juicio, las declaraciones de los líderes de la trama Gürtel, que también han reconocido las acusaciones. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, admitieron el método fraudulento pero atribuyeron la iniciativa al PP. Pérez fue más allá y aseguró que Camps ordenó la financiación en negro, sufragada mediante empresarios contratistas de la Generalitat.
En este impulso a la investigación, De la Mata también ha añadido a la causa el relato que lanzó Correa en la última palabra del juicio por la primera época de la trama Gürtel. En aquella cita, el cabecilla ofreció su colaboración en todas las ramas del caso, a cambio de ser liberado, y defendió que el exjuez Baltasar Garzón es una «víctima política» del caso, como él, dijo.
En cambio, el juez ha rechazado por impertinentes los interrogatorios de Esperanza Aguirre y el empresario Juan Miguel Villar Mir, ambos solicitados por la acusación popular de Izquierda Unida. Aguirre declaró como testigo en el juicio por la primera época.
En la vista por la financiación irregular del PP valenciano, nueve empresarios han reconocido que abonaron 1,2, millones de euros con dinero negro para saldar la deuda del PP de Valencia con la Gürtel, por los servicios prestados en las campañas electorales. El juez resolverá si la formación regional se saltó las normas para financiarse burlando los topes legales en las autónomicas y municipales de 2007, y en las generales de 2008.
La causa de la caja B, dirigada por De la Mata, indaga en una supuesta contabilidad opaca que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. El PP será juzgado en dicha vista oral como responsable civil, por los tributos que dejó de pagar por las obras de su sede central, en la madrileña calle de Génova, sufragadas -según los investigadores- con dicha contabilidad.