El PP garantiza que seguirá indagando la «financiación ilegal» de Compromís
El PP sigue convencido de que la formación nacionalista valenciana Compromís se ha financiado de manera ilegal y seguirá indagando el asunto. Así lo aseguró ayer el portavoz del PP en la Comisión de investigación de los Partidos Políticos en el Senado, Luis Aznar, quien se mostró convencido de que la formación dirigida por Mónica Oltra se financió «de forma ilegal» al recibir 800.000 euros en una cuenta que no le correspondía y cometió irregularidades contables.
Así se pronunció tras interrogar a las dirigentes de la coalición valenciana, Mónica Oltra y Mireia Mollà, donde debían dar explicaciones sobre determinados pagos efectuados por el partido con dinero recibido para la campaña electoral.
La Comisión, manejada en solitario por el PP, aprobó a puerta cerrada solicitar diversos documentos sobre la financiación de Compromís. Se trata de justificantes requeridos a Les Corts Valencianes sobre subvenciones a los grupos parlamentarios entre 2007 y 2015 con las anteriores denominaciones de la coalición, así como las cuentas bancarias en las que se pagaban estas cantidades.
El interrogatorio a las dos dirigentes fue extremadamente tenso, lleno de acusaciones y de reproches por ambas partes. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, negó categóricamente que su partido sea «opaco» y aseguró que se «la juega» ante cualquiera por esta afirmación sobre todo frente a los populares, que son «el partido corrupto».
Oltra se mostró «orgullosa» de la «contabilidad en A» de su coalición que presenta íntegramente ante el Tribunal de Cuentas, mientras que el PP «mete bajo la alfombra su contabilidad en B».
En un tenso intercambio de preguntas y respuestas, que en algún momento llegó al enfrentamiento, el senador popular aseguró que cree que Compromís es «un partido opaco» porque ha «distraído» tres millones de euros de subvenciones públicas al control del Tribunal antes de 2015.
Habló de «financiación ilegal» por la manera de gestionar 800.000 euros correspondientes a las elecciones de ese año y que se usaron para pagar a los proveedores en febrero de 2016 desde la cuenta electoral, algo que el senador popular consideró ilegal ya que esa cuenta debe cerrarse a los 90 días de las elecciones.