Pese a que la Junta de Andalucía califica como «usura» la ayuda financiera que le ha prestado el Gobierno central en los últimos años, no duda en seguir acudiendo a los distintos fondos de liquidez para financiarse. Y eso que en la actual Ley de Presupuestos vigente anunciaba su intención de abandonar paulatinamente estos fondos y recuperar así su «autonomía financiera». En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó ayer la asignación a las comunidades autónomas, para el segundo trimestre de 2018, de un total de 5.428,55 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación, de los cuáles Andalucía recibirá 517,38 millones. Será la tercera comunidad autónoma que más fondos recibirá. La región también es la tercera que más obtiene teniendo en cuenta los importes totales asignados para el primer semestre de 2018 con 3.029,75 millones del fondo de Facilidad Financiera.
La utilización de estos fondos por parte del Gobierno andaluz le ha permitido atender sus obligaciones de pago durante todos estos años de crisis económica, periodo en el que los mercados financieros han estado cerrados para las autonomías. De hecho, un informe del Ministerio de Hacienda cuantifica en 7.459 millones de euros el dinero que la administración andaluza se ha ahorrado gracias a los distintos mecanismos de financiación en el periodo 2012-2016. En 2017 hay que sumar casi 220 millones de euros más. En total, Andalucía ha recibido casi 40.000 millones de euros a través de los distintos fondos a los que se ha acogido.
Esta nueva inyección de liquidez para las arcas públicas andaluzas contrasta con la exigencia planteada desde el Ejecutivo autonómico al Ministerio de Hacienda para volver a los mercados financieros y captar mil millones de euros extraordinarios. En este sentido, desde la Consejería de Hacienda se informó ayer que el Gobierno no acaba de dar el visto bueno a esta solicitud y ha reclamado aclaraciones sobre las condiciones en las que Andalucía regresaría a los mercados financieros. Hay que recordar que la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales establece, entre otras cosas, que «el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos (...) no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación ...». La Junta anunció que atenderá la petición del Ministerio aunque la calificó de «generalidad» y que no planteaba «nada concreto».
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