La amenaza de una multa de 100.000 euros a los sindicatos frena otra huelga general en Cataluña
A principios de marzo El Confidencial Digital contó que los radicales de los Comités de Defensa de la República se estaban impacientando ante el fracaso de los intentos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para formar gobierno.
Con la idea de presionar a los partidos independentistas, y de mostrar que no han perdido capacidad de movilización, comenzaron a hacer circular la propuesta de convocar otra huelga general, que sería el tercer paro independentista de los últimos meses.
Independentistas a prisión
Los llamamientos se han multiplicado en los últimos días. La decisión del juez Llarena de enviar a prisión provisional a Jordi Turull, candidato frustrado a la presidencia de la Generalitat, y otros ex consejeros, y la huida de Marta Rovira calentaron los ánimos.
Pero la detención de Carles Puigdemont en Alemania ha sido la chispa que ha reactivado las protestas en las calles, la mayoría pacíficas, pero otras de carácter más radical, con enfrentamientos con los Mossos y cortes de carreteras.
En estas nuevas manifestaciones se repitieron consignas de “¡Vaga general!” (“Huelga general”) y “¡Aturem el país!” (“Paremos el país”).
Reproches a los sindicatos
El Confidencial Digital ha podido comprobar que los sindicatos más independentistas han recibido mensajes de reproche por no haber anunciado aún la convocatoria de otra huelga. Los autodenominados Comités de Defensa de la República no tienen capacidad de convocarla, sino que legalmente debe registrarla uno o varios sindicatos.
Sin embargo, esos sindicatos aún no se deciden a dar el paso. En el caso de la Intersindical-Confederación Sindical Catalana, responden incluso de forma airada a quienes les atacan por no reaccionar ya a lo que califican como una nueva “ola represora del Estado”.
Una fuerte multa
La cuestión estriba en que sobre esa central de carácter independentista pesa la amenaza de una fuerte multa que podrían tener que afrontar, precisamente por la anterior huelga general en Cataluña, desarrollada el 8 de noviembre en protesta por contra el encarcelamiento de varios ex consejeros de la Generalitat.
La patronal Foment del Treball interpuso una demanda contra la Intersindical-CSC, por considerar que el paro había sido una “huelga ilegal”, al tener una motivación política y no laboral e ir dirigida contra el Estado.
Foment reclama que este sindicato abone una indemnización de 100.000 euros para resarcir a los empresarios por daños y perjuicios.
Juicio el 25 de abril
El próximo 25 de abril se celebrará el juicio por esta denuncia contra la Intersindical-CSC y contra los miembros del comité de huelga del 8-N.
La posibilidad de tener que pagar esa multa pesa ahora en el sindicato independentista, cuyo líder es Carles Sastre, que fue condenado a 30 años de cárcel como miembro del comando terrorista de Terra Lliure que asesinó al empresario José María Bultó adosándole una bomba al pecho.