La violencia del «procés»

La violencia callejera en Cataluña empieza a adquirir los signos distintivos de la violencia proetarra en el País Vasco, incluyendo el reparto de papeles entre las grupos violentos y los partidos nacionalistas. En el pleno del Parlamento catalán convocado por su presidente, Roger Torrent, para debatir y apoyar los derechos políticos de Carles Puigdemont y otros dirigentes nacionalistas en prisión provisional, el bloque separatista votó en contra de una resolución presentada por los socialistas para condenar los actos de violencia de los denominados «Comités de Defensa de la República». Actos de violencia explícitos, públicos y planificados, con agresiones a los Mossos d’Esquadra, cortes de carreteras, bloqueo de la estación del AVE en Barcelona, pintadas en sedes de partidos y comercios de familiares de dirigentes no nacionalistas y amenazas al juez Llarena y su familia. Actos de violencia que dan continuidad a la que ya venía perpetrándose desde el año pasado -recuérdese el acoso a la fiscal Ana María Magaldi-, por lo que no se trata de una violencia reactiva a los encarcelamientos, sino la expresión de una campaña planificada desde mucho antes.


Esta violencia está en la esencia del «procés». El magistrado Llarena la describe en el auto de procesamiento de los dirigentes separatistas y los Mossos d’Esquadra la han actualizado en un informe que relata los 215 actos violentos cometidos entre el 20 de septiembre y el 8 de noviembre de 2017. Además, el actual máximo responsable de la Policía autonómica, Ferrán López, advirtió personalmente al presidente del Parlamento catalán de la deriva violenta que estaba tomando el proceso separatista.


La violencia no es una percepción distorsionada de la falsa «revolución de las sonrisas» en Cataluña, sino el retrato fiel de un reparto de roles entre grupos extremistas -los CDR, la CUP- y los partidos dirigentes del proceso separatista, JpC y ERC. La negativa de estos a condenar la violencia equivale a justificarla y a alentarla. Los grupos radicales ven alimentada así su predisposición a la algarada y la agresión por el silencio cómplice de unos partidos teóricamente democráticos. El doble lenguaje del nacionalismo ha contaminado incluso una figura institucional, como el defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, quien llegó a preguntarse por qué estaban en prisión los dirigentes nacionalistas «si no habían dado una bofetada», regla por la cual ningún corrupto debería entrar en prisión. El problema es que en ese reparto de funciones que tan bien conoce el nacionalismo, hay quien da bofetadas y hay quien las justifica, incluso con una sonrisa. La Fiscalía alemana debe tener esta información, con todo detalle, cuando la próxima semana decida qué criterio va a defender ante el juez sobre la entrega de Carles Puigdemont. El «procés» es ilegal y violento.