La Moraleja gana la batalla a los adosados
Los vecinos de La Moraleja no quieren más inquilinos, ni más coches, ni más ruido en su tranquila y exclusiva urbanización. Por eso han emprendido una guerra contra el Ayuntamiento de Alcobendas que pretende levantar en los próximos años 1.025 nuevos chalets adosados –algunos de ellos ya están vendidas y en construcción– en un «apéndice» de la urbanización conocido como La Carrascosa. La guerra, emprendida por la Entidad de Conservación de la urbanización e iniciada con la concesión de licencias de obra, no deja de cosechar victorias a favor de los vecinos. Ya son dos los juzgados de lo Contencioso Administrativo que han anulado dos de las tres licencias de obras de la Fase A dadas para la construcción de un total de 300 viviendas unifamiliares, a pesar de que algunas de ellas ya se están levantando sobre el nuevo desarrollo urbanístico. Y ya hay recurso contra la tercera licencia.
El último fallo data de hace sólo unas semanas y considera que el permiso para la construcción de 30 de estos inmuebles, más 88 plazas de garaje, «no son conformes a derecho» puesto que su edificación está sustentada en un controvertido Plan Especial desarrollado por el Ayuntamiento de Alcobendas en el año 2012 por el que se modificó el uso de estos terrenos (de terciario y oficinas, a residencial). Una modificación sobre la que el tribuna siembra dudas puesto que se hizo mediante un Plan Especial y no con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (que data del año 2009) lo que hubiera implicado la aprobación de la Comunidad de Madrid.
El inicio del conflicto entre los vecinos y el Ayuntamiento comienza en octubre de 2017, cuando el consistorio cambia el uso de la Fase B de La Carrascosa de tal manera que este terreno que el Plan General de Ordenación Urbana lo había destinado a oficinas y uso terciario pasa a ser residencial. Lo hace con el mismo procedimiento que se hizo el cambio de uso de la Fase A de La Carrascosa en el año 2012: mediante un Plan Especial con el que se reordena este ámbito. Los vecinos ven entonces «las orejas al lobo». Lo que iban a ser empresas y comercios finalmente serán viviendas; un cambio que, según prevén, multiplicará el tráfico (las oficinas sólo tienen actividad diurna y las viviendas es también nocturna) y colapsará una urbanización con un sólo acceso. Y es que, mientras la densidad de población de La Moraleja es de 2,4 habitantes por hectárea –se trata de enormes chalets situados en espaciosas fincas–, en los adosados de La Carrascosa se prevé que sea de 54 personas por hectárea.
Un Plan sin impugnación
Tras la aprobación del Plan Especial de la Fase B de La Carrasosa, la Entidad de Conservación de la urbanización decide frenar este nuevo desarrollo urbanístico en los tribunales. Ante la imposibilidad ya de impugnar el primer Plan Especial (2012) que afecta a la primera fase, por haber «caducado» el periodo permitido, los vecinos comienzan a denunciar una a una las licencias de obra que por entonces el Ayuntamiento había comenzado a dar para la primera fase.
El primer fallo llega en enero de este año y anula la licencia de construcción de 80 chalets por ser «contraria a derecho». El juez considera que la edificación de viviendas, en vez de oficinas, va en contra del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2009 y que no contemplaba para esta zona viviendas por estar dentro de la huella del ruido de Barajas.
La segunda sentencia llega en marzo y es contra la licencia para otros 30 chalets. En el fallo, que anula dicho permiso municipal y contra el que cabe recurso, viene a decir que el cambio de uso del terreno (de oficinas a viviendas) no se puede hacer mediante un Plan Especial, como hizo el Ayuntamiento en 2012 para la Fase A y repitió en 2017 para la Fase B. El fallo considera que un cambio estructurante como ése no se puede hacer con un Plan Especial, sino mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, un trámite urbanístico que debe recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Alcobendas alegó que el cambio se llevó a cabo para mejoraría la calidad de vida de todos los vecinos; una mejora que en la sentencia –dictada en primera instancia por lo que es recurrible– se pone en duda, ya que considera que el cambio de oficinas a viviendas es una modificación que no es una mejora en sí. La existencia ya de dos sentencias a favor de los vecinos complica el futuro de las tercera promoción de la primera fase, que contempla la edificación de 190 chalets y que también está recurrida ante la Justicia. Además amenaza el futuro de todo el desarrollo urbanístico de La Carrascosa, que en la segunda fase eleva hasta las 725 las viviendas planificadas y que en este caso son pisos de tres alturas.
Y es que, en ambas sentencias, los magistrados ponen en duda la legalidad del cambio de uso del suelo de La Carrascosa, toda vez que señalan que se hizo mediante un Plan Especial y no una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que la batalla podría acabar en instancias más altas a las que les correspondería anular sendos planes especiales.
Tanto el Ayuntamiento como la concesionaria han recurrido las sentencias falladas hasta el momento.