La población indígena y campesina de frontera no puede ser considerada como enemiga del Estado, sino como víctima de un conflicto. Diversos informes de organismos de derechos humanos, iglesias y otras organizaciones sociales, en los últimos 25 años han dado cuenta de que extensos sectores de territorio ecuatoriano estaban bajo control de fuerzas irregulares colombianas. Los gobiernos, lejos de acoger estos informes, miraron a las organizaciones que informaban sobre esta realidad como actores enemigos de las instituciones gubernamentales y cómplices de alguna de las partes en conflicto.
