Boicot sindical al acuerdo salarial
Cristóbal Montoro aprovechó tanto la rueda de prensa del Consejo de Ministros en que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado como la que se celebró tras presentarlos en el Congreso de los Diputados para solicitar a la patronal y a los sindicatos un esfuerzo para alcanzar un acuerdo sobre la subida de salarios similar al logrado con los funcionarios. El Ministerio de Hacienda ha pactado con los trabajadores del sector público un incremento salarial para este año de un 1,75%. En 2019 será de un 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB. Para 2020, se incrementará hasta un 2%, más un variable del 1% en función del PIB. Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá una prima final del 0,55%. Además, habrá unos fondos adicionales de 800 millones de euros, que permitirá a cada administración negociar con sus trabajadores subidas adicionales. Estos fondos permitirán alzas añadidas del 0,2% este ejercicio, del 0,25% en 2019 y del 0,30% en 2020.
El interés de Montoro porque patronal y sindicatos firmen el acuerdo no es gratuito. Las cuentas públicas de este año prevén un incremento de la recaudación por el IRPF del 6,5% respecto a 2017, hasta los 82.056 millones de euros. Para lograrlo, necesita no sólo que se creen los 475.000 nuevos puestos de trabajo que el Gobierno prevé en su cuadro macroeconómico sino también que los sueldos suban de manera generalizada, no sólo para los funcionarios.
Negociación bloqueada
Para decepción del Ministerio de Hacienda, la realidad es que las negociaciones entre la patronal y los sindicatos para firmar el nuevo Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC) están ahora mismo en punto muerto, según explican a LA RAZÓN fuentes conocedoras de los contactos. A mediados de enero, la CEOE y Cepyme ofrecieron a los sindicatos una subida salarial en el entorno del 2% más una parte variable del 1% ligada a factores como la productividad, la flexibilidad y la reducción del absentismo. Días después, UGT y CC OO plantearon una subida salarial mínima de la inflación prevista para el año (1,6%) más 1,5 puntos adicionales en concepto de recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2008, lo que supone un alza del 3,1%. Además, reclaman que el salario bruto garantizado por convenio alcance los 1.000 euros brutos mensuales.
A pesar de que desde que cada una de las partes puso sus cartas encima de la mesa se vienen manteniendo reuniones de carácter técnico para acercar posturas, lo cierto es que «estos encuentros no van a ningún sitio», precisan las fuentes consultadas. Ni la patronal ni los sindicatos parecen tener en este momento interés alguno por acelerar la firma de un acuerdo. A las centrales simplemente no les interesa la negociación a estas alturas de año, dicen estas fuentes. «Con el 1 de mayo a las puertas y la gran manifestación que los pensionistas han convocado para el próximo domingo, ¿para que van a sentarse? Lo que quieren es mantener la tensión en las calles y granjearse el apoyo social para negociar», añaden.
Convenios al alza
La patronal tampoco se siente especialmente incómoda con la actual marcha de las negociaciones salariales. La variación media de sueldos pactada en los convenios con efectos económicos en 2018, registrados hasta el 28 de febrero, es del 1,51%, siendo también del 1,51% para los firmados antes de 2018 y del 1,56% en los firmados este mismo ejercicio, si bien estos últimos apenas son aplicables a 24.331 trabajadores, según los datos de la patronal. El mayor porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios con variación salarial pactada para 2018, concretamente el 44,64%, tienen fijado en sus convenios colectivos incrementos salariales que oscilan entre el 1% y el 1,5%. Se trata de cifras que se mueven en el entorno de lo ofrecido por la CEOE, lo que lleva a los empresarios a no tener ninguna prisa por retomar las negociaciones, explican las fuentes.