Los presos que agredan a un funcionario de prisiones sumarán hasta 4 años de cárcel, gracias a CSIF
Los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en virtud de una proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reconoce a este colectivo la condición de agentes de la autoridad, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta iniciativa, ha sido promovida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el ámbito de la Administración General del Estado, y da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017.
CSIF ya consiguió un protocolo en el ámbito de la Administración General del Estado (además de uno específico para las oficinas de empleo). Pues bien, nuestras denuncias por los episodios de violencia en las cárceles y el déficit en medios personales y materiales han dado fruto: primero conseguimos el protocolo en las prisiones y ahora contará con un desarrollo normativo a través una iniciativa promovida por el partido del Gobierno en el Congreso.
La principal novedad de este documento es la voluntad del Gobierno de reforzar y proteger específicamente el ámbito de autoridad que ejercen los funcionarios de los Cuerpos Penitenciarios. Así, se les reconocerá de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docenes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
En este sentido, la reforma que ha presentado el PP remite al Código Penal “a fin de solucionar cualquier tipo de incidente que derive en atentado, que ponga en peligro grave la integridad física de los funcionarios penitenciarios, de idéntica forma a lo que actualmente está regulado para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Asimismo, la reforma que inicia su trámite en el Congreso tener importantes consecuencias prácticas, por ejemplo, en cuanto a la presunción de veracidad de los hechos que en el ejercicio de sus funciones constatan estos profesionales penitenciarios (partes de hechos informativos, partes de hechos que inician un procedimiento disciplinario, etcétera).
La normativa es clara, el art.77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la presunción de veracidad y sus efectos a poseer la condición de Agente de la Autoridad.
Por otra parte, se contemplarán medidas específicas de internamiento para la protección de funcionarios que deban cumplir condena en centros penitenciarios ordinarios.
En línea con las denuncias realizadas estos años por CSIF, el Gobierno reconoce que tiene registradas más de 2.200 agresiones a estos funcionarios en los últimos seis años, o lo que es lo mismo, un ataque diario con resultado de lesiones.
Según datos oficiales, actualmente el personal que integra la institución penitenciaria asciende a más de 24.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social.