La presidenta de la Junta y su equipo niegan repetidamente la hipótesis de un adelanto electoral en la comunidad. El argumento oficial es que hay estabilidad, un presupuesto recién aprobado, y Andalucía tiene que aprovechar los buenos datos económicos para profundizar en la recuperación y devolver paulatinamente los derechos perdidos durante la crisis. Si Susana Díaz desliza el argumento verdadero o el que más le conviene es una incógnita difícil de descifrar. Lo que sí es un hecho constatable es que ya está todo listo para las elecciones. LA RAZÓN publicó esta semana una información que sirve de termómetro de la situación. La Consejería de Justicia e Interior ya ha licitado los principales contratos relacionados con el proceso electoral que teóricamente toca para dentro de casi un año, en marzo de 2019. Entre ellos, el de difusión y procesamiento de los resultados, que asciende a casi cuatro millones de euros; y el del suministro de papeletas, que sale con una cifra de partida de 650.000 euros. Estas mismas contrataciones se produjeron también como es obvio en las últimas elecciones, pero con bastante menos antelación y eso que Susana Díaz rompió con Izquierda Unida y disolvió anticipadamente la Cámara autonómica.
A once meses del calendario oficial para las elecciones ya no falta por tanto prácticamente nada por cerrar. El discurso de ruptura está empezando a espesar. PSOE y Ciudadanos han comenzado a marcar distancias. Primero fue la reforma del sistema de financiación, con una propuesta salida del Parlamento de la que se ha desvinculado la formación que dirige en la comunidad Juan Marín. El PSOE ha afeado también a Cs que se «alinee en contra de los intereses de Andalucía» por apoyar los Presupuestos Generales del Estado. El PSOE ha tenido mucho margen de maniobra y ha gozado de estabilidad parlamentaria durante la legislatura. Ciudadanos, por su parte, se ha llevado una pieza mayor para vender electoralmente: la exención del impuesto de Sucesiones para las herencias de hasta un millón de euros. Cada cual, por tanto, ha cumplido su parte. Están en paz.
La fecha de las elecciones ya solo depende de la decisión de Susana Díaz, que es quien tiene la potestad exclusiva de disolver el Parlamento y hacer la llamada a urnas. En el Partido Popular, que también las ven venir y por eso han forzado el calendario nacional para adelantar la elección de los candidatos a las municipales, barajan dos escenarios: o septiembre o finales de noviembre. En este segundo caso después de escenificar PSOE y Cs a la vuelta del verano un desencuentro sobre los presupuestos para el próximo año. El problema para el PP andaluz es que serán los primeros en exponerse a unas elecciones después de que Ciudadanos cogiera impulso en las catalanas y justo en el momento en el que la marca pasa por su momento más delicado tras el escándalo Cifuentes. Ciudadanos espera con más tranquilidad la cita con las urnas. La única duda es si entrarán en un gobierno con el PSOE o con el PP.
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