Torra defiende una "república de todos" para frenar las críticas a su nacionalismo excluyente
A pocas horas de convertirse en el 131 president de la Generalitat, el candidato Quim Torra ha vuelto al Parlament para la segunda sesión del debate de investidura. Torra ha intentado alejarse del duro perfil conservador y nacionalista catalán que mostró en sus tuits y artículos y ha reivindicado, en catalán, castellano y aranés, una "república de todos" en la que mejoren los derechos del conjunto de los ciudadanos. Si bien ha situado la república en el horizonte, la mayor parte de las medidas sociales anunciadas por el candidato no rebasan el marco autonómico.
En sus tuits y artículos de hace unos años, el ahora presidenciable aseguró que "vergüenza es una palabra que los españoles han olvidado de su diccionario" o que "no es nada natural hablar en español en Catalunya". Este nacionalismo excluyente ha soliviantado a la oposición, que ha cuestionado que Torra pueda gobernar para todos los catalanes.
Para intentar rebatir las críticas, Torra ha reivindicado desde el atril del Parlament una "Catalunya unida en la diversidad" y ha vuelto a pedir perdón por sus tuits y sus artículos. "Si fruto de la intensidad que pide el periodismo he utilizado alguna palabra inconveniente, me arrepiento y no volverá a ocurrir", ha afirmado. "Para el pueblo catalán y español la libertad tiene nombre de república, catalana y española", ha sostenido.
El candidato ha insistido en vincular la cohesión social con la independencia. "Con la república todo el mundo ganará derechos y nadie perderá. Queremos la república porque es apostar por el futuro. Para todo el país", ha aseverado Torra, que ha definido a Catalunya como "un pueblo cohesionado, plural y diverso".
Torra será investido este lunes president gracias a la abstención de los cuatro diputados de la CUP. Obtendrá 66 votos a favor de JxCat y ERC, mientras que los 65 representantes que suman Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP votarán en contra. Mayoría simple suficiente para acabar con el bloqueo de la legislatura catalana 144 días después de las elecciones del pasado 21 de diciembre.
La duración de la legislatura es una incógnita, no sólo por el carácter "provisional" que le otorgan tanto el futuro president como su antecesor, Carles Puigdemont. Pese a facilitar la investidura, la CUP ha anunciado que pasa a la oposición. Esto obliga a JxCat y ERC, que tienen dos diputados menos que la mayoría absoluta, a cambiar de socio o a intentar de nuevo que los asamblearios les faciliten la aprobación de las leyes, empezando por los presupuestos.
En un guiño hacia la CUP, que ha reprochado a sus antiguos socios haber abandonado la vía de la desobediencia y la unilateralidad, Torra ha apostado por recuperar las 16 leyes sociales aprobadas por el Parlament catalán en las últimas legislaturas y que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ha apostado por desplegar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) sin rebasar el marco autonómico.
En el plano social, ha desgranado algunas de las medidas de su Govern. Entre las más inmediatas, revertir la privatización de Aigües Ter–Llobregat, crear un salario mínimo interprofesional de 1.100 euros y desplegar el régimen sancionador de la ley contra la homofobia. También ha hecho apuestas a largo plazo, como por ejemplo que en 2050 "toda" la energía consumida en Catalunya provenga de fuentes renovables.