«Banca en la sombra»: 275.000 millones sin regulación ni control en España
La llamada «banca en la sombra» en España mueve algo más de 275.000 millones de euros según se deduce del último Informe de Estabilidad Financiera, del Banco de España, publicado hace unos días. La cifra exacta, al final de 2016 –los datos más recientes–, serían 276.332 millones, que es la que figura en el documento «Monitorización global de la banca en la sombra», elaborado por el Consejo de Estabilidad Financiera (más conocido como FSB por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Grupo de los 20, y en el que el actual presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tuvo responsabilidades en dos periodos, el último entre 2009-2011. En 2017, la cifra podría haber superado los 280.000 millones si, como parece, se mantuvo un porcentaje similar –algo más de un 6%– con respecto al total de los activos de las instituciones financieras españolas, que ascendieron a 4,675 billones de euros.
La «banca en la sombra», según el FSB, engloba a las actividades que suponen generación de riesgos similares a los bancarios (transformación de liquidez, financiación asimilable a la crediticia, etc), «pero que no están sujetos ni a regulación ni a supervisión y carecen de acceso a las líneas del Banco Central Europeo. En definitiva, se trata de intermediarios financieros que pueden desarrollar operaciones crediticias – prestar, en román paladino– al margen de la regulación bancaria. Esta «banca en la sombra», al carecer de regulación y fondos de garantía, es una actividad con más riesgo, que añade dosis de incertidumbre en el sistema financiero, muy variables eso sí, en función de peso que represente en cada país.
La «banca en la sombra» participó en operaciones por un total de más de 45 billones de dólares en 2016 en todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, en donde radica el 31% de toda esta actividad, seguido de Irlanda y las Islas Caimán, con porcentajes del 16 y el 14%. España aporta menos de un 0,7% al total mundial de estos activos financieros, lo que, según el Banco de España que gobierna Luis Linde, la coloca «dentro del grupo de países avanzados con menor peso de la banca en la sombra». No obstante, todos los datos hacen referencia a lo que el FSB considera como definición «estrecha» o restringida de la banca en la sombra. Una interpretación menos estricta elevaría el total de esa actividad a unos 160 billones de dólares en todo el mundo.
¿Qué se puede llamar «banca en la sombra»? El FSB ha establecido una clasificación con cinco categorías. 1-Vehículos de inversión colectiva, es decir, fondos de inversión de todo tipo, que representan el 72% del volumen total en el mundo. 2-Préstamos concedidos por financieras, compañías de leasing/factoring y por las empresas que se dedican a dar créditos al consumo directamente a los particulares (en total, suponen un 6% de la actividad). 3-Intermediación en los mercados, fundamentalmente brokers y todo tipo de agencias y sociedades de valores que se dedican a comprar y vender acciones y otros activos financieros, y son un 8% de este mercado. 4-Facilitación de la creación de crédito. Agrupa a las compañías de seguros que ofrecen financiación, así como a las que aseguran garantías financieras, y el FSB no detalla su porcentaje. 5-Finalmente está la llamada «intermediación de crédito basada en titulizaciones», que es una técnica financiera que consiste en hacer líquidos ciertos activos (facturas no abonadas, préstamos en vigor, etc.) mediante títulos que se negocian en los mercados. El mejor ejemplo son la históricas hipotecas subprime –comercializadas en conjunto– y que en Estados Unidos estuvieron en el origen de la Gran Recesión. En 2016, según el FSB representaban el 10%, unos 4 billones de dólares, del total.
En España, no existen datos, más o menos oficiales, de cómo se distribuyen los cerca 300.000 millones que representa la banca en la sombra, aunque la mayor parte corresponde a fondos de inversión, con el matiz de que no todos los fondos de inversión son «banca en la sombra». La financiación a empresas y particulares en España, que según cálculos de expertos independientes rondaría los 75.000 millones.