Los presuntos «sobornos» de Aznalcóllar llegan a México
La concesión de la mina sevillana de Aznalcóllar se mantiene a flote, pese a estar envuelta en varias causas judiciales y de que los tentáculos de alguna de éstas parecen haber llegado lejos. No todo se deshace. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que arma una de ellas, firma una providencia, fechada el 11 de mayo y a la que tuvo acceso LA RAZÓN, en la que da por recibido un oficio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada madrileña. En el mismo, consultado también por este periódico, se explica que ha recibido una comisión rogatoria procedente de autoridades mexicanas relativa a las empresas Magtel, Minorbis y Grupo México, beneficiarias de la resolución del concurso de la Junta por el que se asignó el yacimiento minero, que «pudieran estar implicadas» en hechos que pudieran ser constitutivos de «cohecho». Por ello desde el país azteca solicitaron «asistencia judicial internacional consistente en la remisión de información», tras haber tenido conocimiento de presuntos «sobornos» relacionados con «los contratos adjudicados» por Grupo México para «explotar la mina de Aznalcóllar». «La citada información infiere indicios de que Grupo México pagó a una compañía española llamada Magtel a través de su filial Minorbis como intermediaria», se asevera en el escrito de la Fiscalía, en el que se piden luego datos al juzgado de Sevilla sobre el estado de la causa que enrosca y de las personas físicas y jurídicas que la integran. Fernández les transmite que se encuentra «en trámite de instrucción pendiente a día de hoy de la práctica de diligencias interesadas a la Intervención General del Estado (IGAE) –un dictamen sobre la valoración de partidas económicas del concurso del Gobierno regional– y exhorto remitido a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)». En relación a esto último, la instructora busca que el Alto tribunal autonómico certifique «si se hubiera dictado sentencia» en cuatro «antiguos procedimientos ordinarios» en la actualidad «acumulados» e «instados por la entidad Emerita Resources España S L U», que resultó perdedora en el proceso de entrega de la mina. De ser afirmativa la respuesta del TSJA, la instructora pretende además que se acompañe «testimonio» del fallo dictado. En orden descendente, la jueza hace constar por último en su resolución que, de momento, han prestado declaración como investigados siete personas en el proceso judicial, «en el que efectivamente se investiga la actuación de Magtel, a través de su filial Minorbis, en relación a la adjudicación de la explotación de la mina efectuada finalmente a favor de la entidad hoy denominada Minera Los Frailes», según admite. Entre ellas se encuentra la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas y ex vicesonsejera de Empleo, María José Asensio Coto.
Ramón Escudero, el abogado de la denunciante, Emerita, defiende, entre otras cuestiones, que ni el propio Ejecutivo autonómico «tiene la más remota idea, al menos de forma oficial, de quién es Minera los Frailes SL, quién la compone realmente y si guardan relación alguna con las licitadoras en el concurso».