Técnicos del Ministerio de Vivienda no saben por qué participaron en la adjudicación a la agencia del PSPV

Varios técnicos y miembros de la Mesa de Contratación del Ministerio de Vivienda en 2009 han declarado este miércoles en el juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por la adjudicación de 126.208 euros otorgada a Crespo Gomar, la empresa que realizó trabajos para PSPV y Bloc de cara a las elecciones de 2007. La sospecha de la juez de Valencia que ha instruido el caso es que los contratos que desde el Gobierno central se concedieron -durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero- fueron como «pago» a la presunta financiación irregular del partido por esta agencia, que habría pasado servicios a terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. La magistrada de Madrid Mercedes Pérez Barrios se centra en indagar en las supuestas irregularidades que pudo tener el procedimiento en el Ministerio de Vivienda dirigido en ese momento por Beatriz Corredor. Unas prácticas que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Durante las declaraciones de este miércoles, según fuentes conocedoras, ha manifestado abiertamente sus dudas de la forma en la que se gestionó después se escuchar algunas de las explicaciones de los citados. Algunos de ellos han comentado que no saben por qué participaron en esa Mesa de Contratación relacionada con la publicidad para el Plan de Vivienda 2009-2012. Una técnico no recuerda su asistencia y ha llegado a preguntarse, incluso, el motivo por el que tuvo que asistir a las Juntas si sus aportaciones no eran vinculantes y ella era cargo en el departamento de Arquitectura. La mayoría ha justificado que no eran plenamente conocedores del procedimiento porque entraron a un puesto de libre designación en abril de 2008, por lo que prácticamente esa fue su primera Mesa de Contratación. Las encargadas de la valoración técnica, según las mismas fuentes, no han podido dar explicación al hecho de que se abriera en primer lugar la oferta económica, aunque han aportado un correo electrónico en el que se remite a la presidenta de la Mesa las valoraciones técnicas. Alegaciones de otra empresa En cuanto a que no se admitieran las alegaciones de una de las empresas que se presentaba -Thinking Forward- pese a ser la mejor oferta económica, los técnicos se han ceñido a declarar que cumplieron con el proceso. Tanto por parte del PP -personado en la causa- como de la juez se ha subrayado que la desestimación de esa oferta por baja temeraria por parte de la Mesa no estuvo suficientemente argumentada. De hecho, se ha hecho hincapié en que esa misma empresa fue adjudicataria de otro contrato para el Plan Renove por una cantidad similar. La magistrada ha insistido asimismo en que la propuesta de creatividad de Crespo Gomar -una valoración esencial para conceder la adjudicación- era mala, cuando los informes ni siquiera lo ponen de manifiesto. Los técnicos se han vuelto a escudar en el desconocimiento. Sobre si recibieron presiones, órdenes o instrucciones de algún superior político -cuestión planteada por la Abogada del Estado que ejerce la defensa de la mayoría de investigados en esta causa-, todos han negado que hubieran existido.