La testigo clave insiste en cercar a Chaves y a Griñán: el flujo de información «era continuo»
La ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa se ha apretado como un trombo sobre la coartada esgrimida para justificar su ignorancia por múltiples investigados en la primera vista oral del «caso ERE». En la tercera sesión de su declaración como testigo el presidente del tribunal enjuiciador, el magistrado Juan Antonio Calle, le brindó la posibilidad de que aclarara en qué se basaba para sostener que los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ambos investigados, tenían conocimiento de los hechos y respondió que en base a un informe que ella misma redactó sobre Mercasevilla, que luego sus superiores aligeraron, en otros «que se hicieron para Presidencia», y en que «era muy normal que te pidieran información a lo largo de todo el tiempo». Lejos de dar marcha atrás, explicó que esas reclamaciones documentales procedían del «gabinete» de aquélla o de «las compañeras de preguntas parlamentarias» vinculadas «a Presidencia». Con su forma de hablar enredada y profusa en detalles añadió que era habitual que cuando se realizaban visitas a distintos puntos de la comunidad les reclamaran «los datos del territorio al que iban». El presidente quiso conocer si «esos informes fueron remitidos» en las etapas en las que ambos, Chaves y Griñán, estuvieron de forma sucesiva a las riendas de San Telmo y la ex asesora contestó que sí. «Es una forma de trabajar continua. Vas informando de los conflictos que pueden ser relevantes en un territorio en una visita o en una pregunta parlamentaria», recalcó. Y siguió definiendo una manera de actuar que incluía solicitudes del «gabinete del consejero» a la Dirección General de Trabajo, a veces «incluso podía ser por teléfono», sobre los «conflictos» supurantes, lo que se estaba «haciendo para resolverlos» o «por qué estaban protestando» trabajadores a «las puertas» de una delegación. «Es un flujo que normalmente los gabinetes de prensa lo tienen que tener continuo para pasarlo al otro gabinete de prensa. Es un circuito de información continua», remachó.
El magistrado también persistió y volvió a plantearle que si su testimonio sobre que los ex presidentes eran conocedores se soportaba en los informes que decía se les reportaban y en los interrogantes parlamentarios y la técnico sumó las preguntas de «los compañeros de gabinete» de cara a «prepararle la información precisa antes de que fueran a una visita», igual que lo hacían «para el consejero». Ejemplificó: si se trasladaban a «Almería o a Jerez», preocupaba «qué ayudas» se habían dado, a «qué colectivos» o «para qué», relativas a la dirección general en la que ella asesoraba a otras como la «de tiempo libre». En definitiva, «todo» lo ligado a lo «que es la acción de gobierno que se hace en un territorio, si va a haber una huelga, si no... Todo ese tipo de cosas», concluyó sin dar ni un paso atrás.
El representante procesal de Griñán, José María Mohedano, le restó importancia a sus palabras y la interpeló sobre si el mencionado documento de Mercasevilla lo mandó ella. Rofa mantuvo, como ya había hecho antes, que lo hizo «una secretaria de un consejero», según consta en un correo que le envió transmitiéndoselo.
Durante esas últimas horas de su declaración-hemorragia, la testigo manifestó que ni ella ni sus compañeros tuvieron «ninguna duda» de que lo que los rodeaba era «desorden» y, «digamos, un poco mala gestión de información», pero en «ningún informe» se les comunicó «taxativamente» que se gestionaba «contra derecho». Aunque matizó que «es cierto» que se analizaron «actuaciones concretas» del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, dado que «ahí es donde alguna veces» estaba el «foco» de que «hubiera habido un problema». El sustituto de aquél, Juan Márquez, intentó que «la Dirección General de Trabajo tuviera una clave para poder acceder a las vidas laborales en la tesorería general de la Seguridad Social», pero no se logró mientras ella permaneció en su puesto. «Yo no podía verificar ningún beneficiario», deslizó. Tampoco «nadie» se lo pidió ni se hizo una base informatizada de los datos que manejaban las mediadoras.