La reforma que impone la jubilación forzosa de los jueces divide a Polonia
La deriva autoritaria del Ejecutivo polaco no sólo amenaza con abrir un cisma con Bruselas, sino que también cuenta con una fuerte oposición en el país. La presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, Malgorzata Gersdorf, se convirtió ayer en el símbolo de la disidencia al acudir a su trabajo como todos los días. En la medianoche del martes al miércoles entró en vigor la ley que rebaja la edad de jubilación de los 70 a los 65 años, lo que obliga a retirarse a 27 de los 72 magistrados que forman el Alto Tribunal, incluida su presidenta. Los partidos opositores y la Comisión Europea ven en esta medida una manera de despedir a jueces incómodos para el Ejecutivo nacionalista de Ley y Justicia y, por ende, un menoscabo de la independencia judicial.
Bruselas anunció el pasado lunes la apertura de un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia después de no haber conseguido que Varsovia diera marcha atrás en esta iniciativa. La nueva ley también establece que los jueces que quieran permanecer en su puesto se lo comuniquen al presidente polaco, Andrezj Duda, también de Ley y Justicia. Gersdorf se ha negado a solicitar permiso al presidente, al considerar que ésta es inconstitucional y supondría una «su-bordinación» del Poder Judicial. Duda tiene en su poder renovar a los jueces durante tres años más, pero también puede negarse después de estudiar cada solicitud caso por caso.
«He venido para defender la legalidad», aseguró Gersdorf, cuyo mandato (antes de la reforma) terminaba en 2020. La jueza era jaleada por una multitud mientras acudía a su puesto de trabajo habitual. Eran los prolegómenos de nuevas protestas multitudinarias en Varsovia, con la presencia entre otros de Lech Walesa, el histórico líder del sindicato Solidaridad e icono de la lucha contra el comunismo.
Mientras las calles de la capital amanecían llenas de manifestantes, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, acudía a la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo para exponer la visión del Ejecutivo polaco sobre el futuro del «club» europeo. Su discurso se convirtió en una justificación de las medidas tomadas en su país. «Unidad en la diversidad. Esta divisa de nuestra UE no es un lema vacío. Todos los países de la UE tienen el derecho de construir su sistema judicial según sus propias tradiciones», recalcó Morawiecki. «En cuanto a valores, estamos en el mismo lado, pero no pueden dictar las condiciones del Estado de Derecho a los Estados miembros. Los sistemas varían en gran medida y tienen que tener en cuenta esas diferencias», defendió.
El pasado mes de diciembre, la Comisión decidió activar por primera vez el artículo 7, conocido en los pasillos comunitarios como el «botón nuclear». Este procedimiento puede derivar en la suspensión del derecho de voto en las reuniones del Consejo. Después, Bruselas ha aprovechado esta espada de Damocles para intentar que el Ejecutivo de Ley y Justicia se retracte ante su deriva autoritaria. Pero, de momento, sólo ha conseguido cambios cosméticos y nada indica que esta actitud vaya a cambiar en un futuro próximo. El mayor problema reside en que para suprimir el derecho de voto dentro de este proceso se necesita la unanimidad de los socios europeos. Se da por supuesto que la Hungría de Viktor Orban, también sospechosa de la misma deriva autoritaria, protegerá a Polonia. En medio de fuertes discrepancias en las capitales europeas sobre la manera de responder a los movimientos migratorios, Bruselas teme que forzar una votación de este tipo sólo conllevaría a agrandar la brecha Este-Oeste.