Los problemas crecen para los herederos de Carmen Franco

Tras el fallecimiento de Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre, a los 91 años de edad, los problemas para sus siete hijos -Carmen, Francisco, Cristóbal, Jaime, Merry, Mariola y Arancha- comenzaron a acumularse. Mientras lloraban la muerte de su madre, los hermanos Martínez-Bordiú decidieron desprenderse de todas las propiedades de la duquesa de Franco al no ponerse de acuerdo en el reparto de sus bienes. Una casa de subastas tasó el mobiliario y las obras de arte para venderlas. Y en cuanto a las propiedades, pusieron a la venta la finca La Piniella, en San Cucao de Llanera (Asturias), y el controvertido Pazo de Meirás, en Sada (La Coruña), por 8 millones de euros. Los herederos se vieron obligados a desprenderse del inmueble al no poder asumir los costes de mantenimiento. Estas decisiones las tomaban mientras Francis, actual marqués de Villaverde, recurría el fallo de la sentencia que le condenaba a 30 meses de cárcel por arrollar con su todoterreno a dos guardias civiles en Teruel.


Y cuando parecía que los Martínez-Bordiú comenzaban a respirar, la semana pasada Pedro Sánchez advertía que la exhumación de los restos de su abuelo, Francisco Franco, del Valle de los Caídos tendría lugar en julio.




Carmen Martíez Bordiú junto a su madre, Carmen FrancoLos hermanos han guardado silencio durante todos estos meses y sus apariciones públicas han sido escasas. «No hablo sobre este tipo de cuestiones con la prensa», ha comentado Carmen Martínez-Bordiú en diversas ocasiones. Precisamente ha sido ella la principal protagonista del último revés de la familia, que ahora recibe todos los varapalos que antes iban para su madre.


La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer que el Gobierno va a estudiar alguna fórmula para revocar el ducado de Franco. La única forma posible sería, según la ministra, «hacer una modificación del Real Decreto, que no prevé la retirada de títulos nobiliarios, y hacerlo previo análisis de la Ley de Memoria Histórica», aunque desde la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España afirman a ABC que «la única forma de revocar un título nobiliario es que lo ordene el Rey».


Sin pagar impuestos
La intención por parte del Gobierno socialista de intentar acabar con este título se conocía horas después de publicarse el Boletín Oficial del Estado, con fecha 4 de julio y con la firma de Rafael Catalá, anterior ministro de Justicia, donde se informaba de que Carmen Martínez-Bordiú ya es oficial y legalmente la nueva duquesa de Franco con Grandeza de España.


A los pocos días de morir Carmen Franco, su primogénita solicitó este ducado, que el Rey Don Juan Carlos otorgó a la hija única de Francisco Franco en 1975 como «muestra de aprecio» y «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren». Si normalmente, por este tipo de títulos, con Grandeza de España, se pagan 2.753 euros en concepto de impuestos por la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Carmen no tuvo que pagar nada porque esta distinción estaba exenta de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión.