La venta de preferentes por las cajas queda sin condenas penales

La crisis sacó a la luz malas prácticas bancarias como la venta irregular de participaciones preferentes entre pequeños ahorradores. La colocación de títulos por 42.622 millones de euros entre un millón de personas convirtió el caso en un escándalo que llegó a los tribunales. Sin embargo, y una vez los afectados han recuperado su dinero, la Justicia está archivando las causas penales por posible fraude al considerar que los gestores no maquinaron para engañar a los clientes. Primero se enterró la causa por las preferente de Caja Madrid y Bancaja, y ayer la Audiencia Nacional suspendió «sine die» el juicio a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) después de que las acusaciones particulares se retirasen. Ahora decidirá si cierra la causa y le da carpetazo.


La CAM colocó de 2001 a 2004 un total de 1.450 millones de euros en preferentes entre 75.000 particulares. Los ex directores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós estaban acusados de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas en la comercialización de esos títulos, y se enfrentaban a diez años de cárcel.



El juicio arrancó ayer con una vista en la que las acusaciones particulares pidieron el sobreseimiento porque los afectados ya han sido resarcidos económicamente. El Sabadell, que absorbió la CAM tras su intervención en 2011, les canjeó las preferentes por acciones del banco o les indemnizó con una cuantía similar a la que perdieron.


Adicae mantiene la acusación popular
La asociación de consumidores bancarios Adicae también retiró su acusación particular con el mismo argumento. Ahora bien, mantiene la acusación popular en defensa del interés general y si el caso se archiva recurrirá hasta llegar a los tribunales europeos, según avanza a ABC su presidente, Manuel Pardos.


Junto a las acusaciones particulares, la Fiscalía Anticorrupción, que no ejercía la acusación, también ha pedido el sobreseimiento, argumentando que ya no hay perjudicados, y que se archive el caso aplicando la «doctrina Botín», que viene a decir que si el Ministerio público y la acusación particular están de acuerdo en cerrar la causa, esta se zanje. «No se ha condenado el fraude inmenso y nunca visto en España ni en Europa ni el daño provocado a la sociedad y a la economía españolas», dice Pardos, que lamenta que esta causa y las demás se archiven sin un reproche moral a los gestores.


Otros casos cerrados o estacandos
La Fiscalía nunca ha visto motivos para acusar a los gestores de la CAM, primer caso que llegaba a juicio, ni a los de Caja Madrid y Bancaja por las preferentes, y nunca ejerció de acusación. Su argumento es que los directivos no urdieron un plan para engañar a los inversores a sabiendas de que iban a perder su dinero, aunque admite que pudo haber errores en la venta.


Es la justificación con que hace menos de dos meses la Audiencia archivó la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, la más voluminosa por número de afectados. La de las preferentes de Catalunya Banc parece dormida en ese tribunal, que antes rechazó una demanda por las de Novacaixagalicia. La Justicia rechaza así juzgar penalmente la venta de estos títulos y deriva a los afectados a la vía civil.