Un jurado decide si el exalcalde del pueblo más endeudado de España malversó fondos públicos

Un jurado popular decidirá a partir de hoy si el exalcalde de Peleas de Abajo (Zamora) Marcelo Jurado, cuyo municipio llegó a ser considerado el más endeudado de España en relación con su población, cometió presuntamente un delito continuado de malversación de fondos por el cobro de dietas sin justificar. El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, ha solicitado para el anterior responsable municipal de Peleas de Abajo una pena de cuatro años y medio de prisión, y nueve años de inhabilitación especial para desempeñar cargo público, además del pago de una indemnización a las arcas municipales de más de 14.500 euros. La Fiscalía, según el escrito al que tuvo acceso Efe, considera que el exalcalde de este municipio que en el año 2011 llegó a encabezar el listado de pueblos más endeudados de España cobró hasta en doce ocasiones dietas supuestamente de forma indebida y sin justificar, entre abril de 2007 y agosto de 2009. La cuantía global del dinero no justificado de esas dietas sumó 14.559 euros, cantidad que se reclama como indemnización al acusado, además de los intereses legales correspondientes al tiempo transcurrido desde entonces. El dinero de las arcas municipales lo recibió el exalcalde pese a que la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Peleas de Abajo puso reparo de ilegalidad y advirtió de la improcedencia de esos pagos. Los hechos los juzgará en la Audiencia Provincial de Zamora un jurado popular integrado por nueve personas cuyos componentes se elegirán hoy antes del inicio de la vista oral y tras las recusaciones que la Fiscalía, la acusación particular y la defensa hagan a los candidatos a integrar el tribunal popular. El Ministerio Público ha considerado que el exalcalde, en su condición de máximo responsable municipal, cobró dietas a través de cheques o mandamientos de pago con cargo a las cuentas bancarias del Consistorio «con el propósito de obtener beneficio económico». Esas dietas sumaron 14.559,61 euros y, según el fiscal, en ningún momento se justificaron pese a que el alcalde tenía la obligación de acreditar su importe.