La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha denunciado este lunes que su partido es víctima de un «golpe de Estado» por la decisión judicial de confiscar buena parte de su subvención pública por un proceso de financiación ilegal en el que se ha sabido que hay dos nuevos inculpados entre sus miembros.
En una entrevista radio-televisada por «RMC» y «BFMTV», Le Pen señaló que si la Agrupación Nacional (AN) no recibe ese dinero, a finales de agosto no podrá pagar los sueldos de sus empleados y corre el riesgo de desaparecer.
«La decisión de los jueces es un verdadero golpe de Estado y un atentado contra la democracia porque un partido político no es una asociación como cualquier otra y está protegido por la Constitución», señaló.
Dos magistrados instructores decidieron la semana pasada secuestrar, con carácter preventivo, dos millones de euros de la dotación pública que debía recibir la AN por las sospechas de que se sirvió de empleos ficticios en el Parlamento Europeo para pagar a una veintena de sus colaboradores.
Los fondos públicos que corresponden a la AN en función de su peso electoral es de unos 4,5 millones de euros anuales y, como para el resto de los partidos, hoy estaba previsto un pago de la mitad de esa suma.
La líder de la ultraderecha consideró que esos dos jueces, próximos al Sindicato de la Magistratura que considera «izquierdista» y que en las elecciones del pasado año se manifestó públicamente contra su formación, «han decidido asesinar al primer partido de oposición de Francia, y eso sin respetar ningún criterio legal».
Avanzó que esta misma mañana van a presentar un recurso para impedir que la confiscación sea efectiva y que también han activado una página internet para que los franceses les ayuden.
Le Pen volvió a negar las acusaciones que han valido la inculpación, entre otros, de su partido y de ella misma por la presunta utilización de asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional (antiguo nombre de la AN), pagados con dinero europeo, para trabajos que no tenían que ver con sus mandatos, sino con las estructuras del partido.
De hecho, fuentes judiciales filtraron hoy que otros dos miembros de la formación ultraderechista han sido imputados en esta instrucción, el «número dos» y eurodiputado Nicolas Bay, y el guardaespaldas de la presidenta, Thierry Légier, que tuvo sueldo del Parlamento Europeo como asistente parlamentario.
La acusación contra Bay por el cargo de «abuso de confianza» se formalizó el 8 de junio, mientras que la de Légier por "receptación de abuso de confianza" produjo en abril.
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En una entrevista radio-televisada por «RMC» y «BFMTV», Le Pen señaló que si la Agrupación Nacional (AN) no recibe ese dinero, a finales de agosto no podrá pagar los sueldos de sus empleados y corre el riesgo de desaparecer.
«La decisión de los jueces es un verdadero golpe de Estado y un atentado contra la democracia porque un partido político no es una asociación como cualquier otra y está protegido por la Constitución», señaló.
Dos magistrados instructores decidieron la semana pasada secuestrar, con carácter preventivo, dos millones de euros de la dotación pública que debía recibir la AN por las sospechas de que se sirvió de empleos ficticios en el Parlamento Europeo para pagar a una veintena de sus colaboradores.
Los fondos públicos que corresponden a la AN en función de su peso electoral es de unos 4,5 millones de euros anuales y, como para el resto de los partidos, hoy estaba previsto un pago de la mitad de esa suma.
La líder de la ultraderecha consideró que esos dos jueces, próximos al Sindicato de la Magistratura que considera «izquierdista» y que en las elecciones del pasado año se manifestó públicamente contra su formación, «han decidido asesinar al primer partido de oposición de Francia, y eso sin respetar ningún criterio legal».
Avanzó que esta misma mañana van a presentar un recurso para impedir que la confiscación sea efectiva y que también han activado una página internet para que los franceses les ayuden.
Le Pen volvió a negar las acusaciones que han valido la inculpación, entre otros, de su partido y de ella misma por la presunta utilización de asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional (antiguo nombre de la AN), pagados con dinero europeo, para trabajos que no tenían que ver con sus mandatos, sino con las estructuras del partido.
De hecho, fuentes judiciales filtraron hoy que otros dos miembros de la formación ultraderechista han sido imputados en esta instrucción, el «número dos» y eurodiputado Nicolas Bay, y el guardaespaldas de la presidenta, Thierry Légier, que tuvo sueldo del Parlamento Europeo como asistente parlamentario.
La acusación contra Bay por el cargo de «abuso de confianza» se formalizó el 8 de junio, mientras que la de Légier por "receptación de abuso de confianza" produjo en abril.