El envío de la carta de las pensiones sigue sin materializarse, sumido en una espera sine die. En 2011 se fijó por ley la obligación de enviar anualmente a cada trabajador una misiva que reflejara la estimación de su futura pensión pública, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no procedió al envío y detuvo el proceso, para el que mediante concurso público ya se habían designado dos empresas que se encargarían de la impresión y el reparto.
