El Procurador del Común apuntó a la necesidad de una normativa en Castilla y León que recoja las condiciones técnicas específicas de seguridad que deben cumplir los castillos y equipos de juego hinchables, así como los mecanismos de control y supervisión para asegurar la integridad de los usuarios en un entorno y con unos materiales y equipamientos seguros y adecuados.
El Procurador inició un expediente de oficio relativo a la normativa o protocolos que se regían la instalación de estas atracciones destinadas al entretenimiento y diversión de los menores, que «pueden suponer un riesgo para la seguridad de un colectivo tan vulnerable», ya que también se tuvo conocimiento de «algunos accidentes producidos en este tipo de atracciones, generalmente ocasionados por el mal anclaje al suelo, un excesivo aforo o la falta de supervisión por parte de personal adecuado».
Según aseguró el ente, este tipo de instalaciones deben cumplir una normativa de seguridad que recoge distintos aspectos sobre el diseño, fabricación, instalación y disfrute de estas atracciones infantiles para reducir al mínimo los accidentes de los usuarios, pero tales medidas no están recogidas expresamente en Castilla y León en una normativa específica reguladora de este tipo de instalaciones.
Sin embargo, pese a las exigencias generales contenidas en la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León, «proliferan atracciones de esta tipología adquiridas o alquiladas para fiestas infantiles o para restaurantes que se instalan de forma rápida sin los anclajes u otras medidas de seguridad necesarias y se utilizan sin ningún tipo de supervisión o control», lo que causa «accidentes en su utilización por una falta de previsión, por desconocimiento de su uso o por no respetar las normas preventivas».
Según prosigue la resolución del Procurado del Común, en diversos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes se ha podido constatar la ausencia de inspecciones sobre los castillos hinchables infantiles instalados en su municipio o su insuficiencia respecto a las autorizaciones concedidas, mientras que en otros ni tan siquiera constan autorizaciones para su instalación.
Por ello, el Procurador recomendó el establecimiento en cada uno de esos municipios de un protocolo de actuación específico tanto para la autorización de los castillos o equipos de juego hinchables destinados al entretenimiento y diversión de los menores, como para su revisión, recogiendo los procedimientos destinados a estandarizar un sistema exhaustivo para verificar su seguridad durante el proceso de autorización, instalación, funcionamiento y disfrute de estas atracciones infantiles.
El Procurador del Común apuntó a la necesidad de una normativa en Castilla y León que recoja las condiciones técnicas específicas de seguridad que deben cumplir los castillos y equipos de juego hinchables, así como los mecanismos de control y supervisión para asegurar la integridad de los usuarios en un entorno y con unos materiales y equipamientos seguros y adecuados.
El Procurador inició un expediente de oficio relativo a la normativa o protocolos que se regían la instalación de estas atracciones destinadas al entretenimiento y diversión de los menores, que «pueden suponer un riesgo para la seguridad de un colectivo tan vulnerable», ya que también se tuvo conocimiento de «algunos accidentes producidos en este tipo de atracciones, generalmente ocasionados por el mal anclaje al suelo, un excesivo aforo o la falta de supervisión por parte de personal adecuado».
Según aseguró el ente, este tipo de instalaciones deben cumplir una normativa de seguridad que recoge distintos aspectos sobre el diseño, fabricación, instalación y disfrute de estas atracciones infantiles para reducir al mínimo los accidentes de los usuarios, pero tales medidas no están recogidas expresamente en Castilla y León en una normativa específica reguladora de este tipo de instalaciones.
Sin embargo, pese a las exigencias generales contenidas en la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León, «proliferan atracciones de esta tipología adquiridas o alquiladas para fiestas infantiles o para restaurantes que se instalan de forma rápida sin los anclajes u otras medidas de seguridad necesarias y se utilizan sin ningún tipo de supervisión o control», lo que causa «accidentes en su utilización por una falta de previsión, por desconocimiento de su uso o por no respetar las normas preventivas».
Según prosigue la resolución del Procurado del Común, en diversos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes se ha podido constatar la ausencia de inspecciones sobre los castillos hinchables infantiles instalados en su municipio o su insuficiencia respecto a las autorizaciones concedidas, mientras que en otros ni tan siquiera constan autorizaciones para su instalación.
Por ello, el Procurador recomendó el establecimiento en cada uno de esos municipios de un protocolo de actuación específico tanto para la autorización de los castillos o equipos de juego hinchables destinados al entretenimiento y diversión de los menores, como para su revisión, recogiendo los procedimientos destinados a estandarizar un sistema exhaustivo para verificar su seguridad durante el proceso de autorización, instalación, funcionamiento y disfrute de estas atracciones infantiles.