Las prejubilaciones falsas, una mina para los sindicalistas
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Para aprobar las reducciones de plantilla de las citadas empresas era necesaria la aprobación de los comités sindicales, que participaron en las negociaciones de los despidos colectivos para acordar las condiciones. Esa fue la razón por la que cobró tanta importancia en todo el entramado el sindicalista Juan Lanzas, que se acabó convirtiendo en el conseguidor que ponía en contacto a los empresarios con los altos cargos de Empleo. Los sindicatos tenían la obligación de revisar los listados de trabajadores que iban a cobrar las pólizas de prejubilación y, bien por acción, bien por omisión, permitieron la inclusión de personas que no habían puesto un pie en las compañías por las que iban a cobrar. En el caso de las minas esta situación es especialmente sangrante porque se trata de un sector que durante la última década ha sido en gran medida descapitalizado en Andalucía, pese a que es una de sus principales fuentes de riqueza, y porque el trabajo en las fajas mineras es muy agresivo, por lo que meter a intrusos en estas sociedades suponía un agravio para los trabajadores que sí se habían dejado la vida en las vetas de pirita o cobre.
Actualmente están imputados en esta pieza del caso Francisco Carbonero, que fue líder andaluz de Comisiones Obreras, y Manuel Pastrana, su homólogo en la UGT. Porque los ERE fueron una verdadera mina para sus militantes. Algunos de los sindicalistas imputados en la causa, que superan ya las 80 personas, metieron también a sus parejas como falsos prejubilados y se beneficiaron de las aportaciones multimillonarias que la Junta hizo en este ámbito.
Todo saltó a partir de la aparición del alcalde socialista de La Barca de la Florida (Cádiz) en la lista de prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva. Roque Valenzuela había sido trabajador de Delphi, empresa gaditana que también recibió ayuda para un ERE. Pero cuando su compañía prejubiló a parte de su plantilla, Valenzuela estaba metido en la política, así que hubo que buscarle hueco después. Cuando la Guardia Civil se puso a tirar de ese hilo en todas las empresas mineras implicadas, como Boliden, La Herrería, Río Tinto, Zarza o Insersa, aparecieron cinco sindicalistas que nunca habían trabajado allí: Mariano Reyes, Lorenzo Mogedas, Juan Bravo, Mario Díez y Tadeo Domínguez. Pero ellos eran sólo la punta del iceberg. Por allí apareció también Juan Manuel Serrano, alcalde de la Zarza, que sí había trabajado en Insersa, pero que consiguió prejubilarse cinco años antes de que le correspondiera a pesar de que no había tenido un trabajo «sometido a condiciones de penosidad», según recalca la Guardia Civil en uno de sus atestados. Los nombres de los infiltrados comenzaron a desbordar a los agentes, que desde entonces han elaborado varios informes sobre esta rama concreta, cuya investigación judicial está todavía en fase incipiente, ya que está desgajada de la causa principal.
Los investigadores tienen claro ya, no obstante, que de los 1.169 trabajadores que se prejubilaron en las minas andaluzas, 334 eran intrusos. Un tercio. Y que tanto CC.OO. como UGT recibieron una parte del dinero. Además, los peritos de la Intervención General del Estado han confirmado en su informe correspondiente que los sindicatos fueron los «responsables de la elaboración de las relaciones de asegurados, así como de las actualizaciones de las mismas». No puede ser casualidad, por tanto, que muchos de los falsos empleados que se beneficiaron de esta «chapuza», como la calificó el propio Carbonero, fueran sindicalistas. Estaban allí para evitar los despidos, pero los aprobaron a cambio de su parte del pastel.