El arroz y el certifico
«Quien le devolverá al país las toneladas de arroz que ahora tendrá que importar en el extranjero, por la decisión de una persona sin razón alguna?», pregunta Magdiel Romero López, presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Julio Antonio Mella, de Camajuaní, en Villa Clara.
«Veo con dolor cómo existe un divorcio entre los que producen y los que dirigen; datos que no van a cifras, pero que laceran nuestra economía, como si pudiéramos darnos el lujo de lanzar la comida por la borda», añade el líder de una CCS con resultados productivos y económicos, Vanguardia Nacional por dos años consecutivos. Esos cuestionamientos, Magdiel los fundamenta con la historia de una cosecha de arroz dañada por un mecanismo burocrático:
Desde hace algunos años, dice, la CCS mantiene contrato de producción cooperada de arroz con la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, del municipio villaclareño de Encrucijada, la rectora de ese renglón en la provincia. Y siempre la cooperativa ha cumplido sus obligaciones contractuales.
Desde entonces, al concluir la zafra azucarera, la CCS utiliza, a modo de préstamo, tierras de rotación de caña pertenecientes a Azcuba, a fin de aprovechar esas áreas. Y tal préstamo está aprobado por los niveles pertinentes, a más de que los documentos al respecto se incluyen en el contrato con la Empresa arrocera Emilio Córdoba.
Este año, añade, tuvieron la aprobación de Azcuba para utilizar 30 hectáreas adscritas a la UBPC Luis Pérez Pérez, tributarias del central azucarero José María Pérez. Y con la documentación requerida, la CCS se personó en la Emilio Córdoba y suscribió el suplemento 1 de 4 de julio de 2018, para incrementar el contrato firmado en 26.84 hectáreas, con un rendimiento planificado de 93.94 toneladas de arroz.
Entonces prepararon la tierra. Y el 19 de julio le compraron a la empresa arrocera cien quintales de arroz-semilla, que pagaron con el cheque 8011469. Sembraron ese arroz, pues corría el tiempo óptimo para cultivarlo.
Lo asombroso, según Magdiel, es que el 31 de julio la empresa Emilio Córdoba les rescindió el incremento incluido en el contrato, argumentando que no tenían el certifico de la tierra, requisito que le exigen a propietarios o usufructuarios de la misma, pero no en el caso de préstamo de áreas cultivables.
«¿Acaso alguna vez se exigió certifico de tierra al momento de suscribir un incremento para tierras de Azcuba? ¿Por qué se esperó a que incurriéramos en todos esos gastos, para 25 días después de aceptado el incremento pretender rescindirlo?», pregunta el presidente de la CCS, por demás, miembro del Comité Municipal del Partido, e integrante de los comités municipal y provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Tras varios intentos con las direcciones municipal y provincial de la Agricultura, pues las tierras contratadas pertenecen a una UBPC y las utilizan solo por cinco meses, resulta que la Agricultura no está entregando certifico.
Ya con el incremento contratado, y el arroz plantado, en reunión con el director de la empresa arrocera el 23 de agosto, ante la posibilidad de que los productores se quejaran en el Ministerio de la Agricultura, y sin el susodicho certifico, aquel directivo les permitió formalizar el suplemento solicitado al siguiente día. Pero ya muy tarde, ante el nivel de enyerbamiento de las tierras, y la ausencia de fertilizantes y herbicidas.
Como la agricultura es estacional, y no admite esperas, ya desde entonces los rendimientos se verían afectados en alrededor de 27 toneladas. Y el 6 de septiembre, cuando Magdiel escribió, los daños eran mayores.
«A los diez días de germinado el arroz, apunta, debió aplicársele la primera fertilización; y a los 30 días la segunda. Hoy aún no se sabe dónde anda el fertilizante del paquete tecnológico. Hoy ya el arroz tiene 35 días de germinado, y el enyerbamiento es pesado».
Para colmo, añade, la asignación de recursos para la CCS es por rendimientos planificados. Y como estos últimos están afectados, le entregarán mucho menos, sin que la cooperativa sea responsable de ello.
Y como si fuera poco, diez días antes de que Magdiel escribiera, se les informó que los recursos estaban asignados en Suministros Agropecuarios. Y según el Centro Comercial de Camajuaní, no había transporte para trasladarlos desde los almacenes hasta allí, para que la CCS los adquiriera y empleara.
«Si esto se dilata, alerta Magdiel, perderemos el ciento por ciento del arroz».