El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprendió acciones para cobrar las multas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a las filiales de Odebrecht en México por irregularidades en contratos firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex), que suman al menos mil 86 millones de pesos.
Autoridades de la SFP informaron que dentro del marco de colaboración entre ambas dependencias se aplica el cobro efectivo de las sanciones económicas con motivo de resoluciones administrativas contra las filiales de la firma brasileña.
Estas acciones son embargo de bienes, de la cartera de créditos, e identificación y bloqueo de cuentas bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En abril de 2018, la SFP emitió resoluciones administrativas e impuso dos multas con montos históricos a las empresas Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México.
La penalización fue de 543.48 millones de pesos a cada una, que suman más de mil 86 millones de pesos, así como las inhabilitaciones por 4.2 y 2.6 años, respectivamente.
Esta cantidad es la sanción económica más alta que ha impuesto la Función Pública en al menos los últimos dos sexenios y representa 65 por ciento de los mil 650 millones de pesos de penalización que aplicó el actual gobierno a proveedores, licitantes y contratistas.
De acuerdo con el anexo estadístico del sexto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, los castigos se deben a la “simulación de cumplimiento de requisitos para la cesión del contrato”.
La SFP destacó que las acciones contra Odebrecht derivaron de que la Security Exchange Commission, de Estados Unidos, dio a conocer una resolución en la que se hizo referencia a posibles actos de corrupción relacionados con un alto funcionario mexicano y Odebrecht.
“La Secretaría de la Función Pública inició una investigación exhaustiva en todas las instituciones de la administración pública federal con apoyo principalmente de la Unidad de Responsabilidades en Pemex”, detalló.
En otra resolución inhabilitó a Constructora Norberto Odebrecht por 2.6 años. En dos previas impuso el mismo castigo a representantes legales de Odebrecht por dos años y multa de 1.26 millones de pesos.
En otro fallo sancionó a dos servidores públicos de Pemex con dos años de destitución y 10 de inhabilitación, y multas económicas por 119 y 2.5 millones de pesos, respectivamente.
En todo el sexenio, la secretaría, a través de los órganos internos de control, emitió 2 mil 850 resoluciones sobre revisiones practicadas al desempeño de proveedores, licitantes y contratistas.
De ese total, solo mil 330 fueron para aplicar una sanción económica. En el caso de 2018, hasta junio se habían emitido 210 resoluciones, de las que 102 tuvieron sanción y 108, no.
Odebrecht está acusada en diferentes países de América Latina de pagar sobornos a altos funcionarios para obtener jugosos contratos de obra pública; en México se calcula que la corrupción alcanzó 10.5 millones de pesos.
CLAVES
PENALIZACIÓN MÁS ALTA
Según el sexto Informe de gobierno, en 2018 se impusieron las sanciones económicas más altas a proveedores, licitantes y contratistas.
Mientras en 2013 la cifra de penalización fue de 43 millones 699 mil 817 pesos, para este año alcanzó mil 123 millones 906 mil 981 pesos.
De la última cifra, mil 86 millones 977 mil 231 pesos corresponden a las que impuso la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos.
