El juez abre una pieza separada en la investigación a un concejal de Ribó
El Juzgado de Instrucción número 19 ha abierto una pieza separada de la investigación al concejal de Comercio y Relaciones con los Medios del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, sobre un supuesto fraccionamiento de los contratos de prestación del servicio del Plan de Comunicación de Redes Sociales y gestión de la web del departamento.
En la providencia del juez se argumenta la apertura de la nueva pieza por la ampliación de la denuncia interpuesta contra el concejal por el supuesto fraccionamiento de contratos por el asesor del PP Luis Salom.
Galiana está citado a declarar en calidad de investigado por el caso principal hoy lunes, día 10 de septiembre, y el juez le podría preguntar por el asunto relativo a la pieza separada.
En la ampliación de la denuncia se recuerda que el Ayuntamiento tiene un requerimiento del Juzgado para que le envíe copia de los seis expedientes administrativos de la primera denuncia y se apunta que han encontrado «otros contratos menores» adjudicados por Galiana «a dos de los tres proveedores que presentan oferta».
En su primera denuncia, Salom concluye que Galiana (de Compromís, al igual que el alcalde Joan Ribó) había «adjudicado cuatro contratos sin concurso público con un importe de 113.377 euros».
Esta denuncia refiere que, además del contrato general de redes sociales de Ayuntamiento, el servicio de Comercio y Abastecimiento contrató a una periodista en los años 2016 y 2017 «para la prestación del servicio de plan de comunicación de redes sociales y gestión de la web de la Concejalía de Comercio, encadenando ambos contratos menores con el mismo servicio prestado que suponen 23.080 euros (27.926,89 con IVA) sin haber realizado un procedimiento abierto».
Estos dos contratos «supondrían un fraccionamiento de contratos al superar los 18.000 euros del contrato menor al mismo proveedor y objeto».
Se trata de un contrato por importe de 6.751,80 euros, del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2016, y otro de 21.175 euros, en vigor del 26 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año.
Una denuncia “partidista”
Cuando en su día el concejal conoció su citación como investigado (antes imputado) por un supuesto fraccionamiento de contratos a raíz de una denuncia del PP, el de Compromís criticó a la formación popular afirmando que «solo persigue continuar ensuciando la imagen de la ciudad, instrumentalizando la Justicia por puro interés partidista».