«Queremos poder votar»
Le gusta posar en las fotografías, las playas de España, y la política. Raquel Bartolome, tiene 44 años, y una discapacidad intelectual por la cual un juez determinó que estaba también incapacitada para ejercer su derecho al voto pero eso no le quitó su poder crítico y su alma guerrera. Hace vida independiente de su tutora –su hermana– y vive con su hermano que también tiene una discapacidad intelectual, pero a él sí que le permiten votar. «Me enfadé con mi hermano porque no entendí por qué él podía votar y yo no. Pensé que me discriminaban por ser mujer». Apoyada por la fundación tutelar Kyros, miembro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, Raquel acude a cursos de cocina, aprende a ahorrar y tiene un grupo de debate sobre igualdad y se traslada sola en transporte público. Dice que su plato estrella son «los macarrones», le gustan las películas de miedo, la música de El Barrio y estar informada de los temas de actualidad a través de Internet. «Me gustaría votar porque tengo derecho a elegir a mis representantes. Me gusta la política». Afirma que a ella no le influye nadie a la hora de decantarse por un partido: «Nunca me han dicho a quién tengo que votar y si me lo dijeran, pues no haría ni caso».
Fue un juez quien –hace once años– determinó, leído el informe del médico forense, que su discapacidad además le incapacitaba para ejercer su derecho al sufragio activo después de responder a un test con 99 preguntas. «Me preguntaron si quería votar y dije que sí y que qué partido me gustaba, pero esa la dejé en blanco», recuerda.
¿Qué suelen preguntar en esos test para evaluar si una persona con discapacidad intelectual puede o no votar?
La asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés Araoz recuerda que algunas de las preguntas son: ¿qué política hace cada partido?, ¿estos favorecen más al obrero o al empresario?, ¿cómo y quién componen el Congreso y el Senado?, ¿de los principales partidos, cuáles son partidarios de la monarquía o la república, para qué sirven las elecciones?, ¿cómo se llaman los países donde no hay elecciones?, ¿cómo se denominan a los países donde no las hay?... «Si evaluamos la capacidad del ciudadano para votar tiene que ser sobre bases no discriminatorias, por tanto se debería decidir por ejemplo hacer un examen a todas las personas cuando cumplan 18 años y, según ese examen votar o no», asegura Araoz a modo de comparativa. «Habría que salir con una cámara a ver cuántos saben responder algunas de las preguntas que les formulan».
Para privar del derecho al voto siempre se ha recurrido a la «influencia» que pueden ejercer sobre el discapacitado. La asesora jurídica subraya que su experiencia es que «la mayor parte de la población es influenciable y la mayoría de la gente vota lo mismo que su familia. La mayoría nos dejamos influenciar por lo que hablamos con otras personas». Asimismo, subraya que son las personas con discapacidad las que tienen muchas veces más interés por los temas políticos, se informan más y participan «si se les da la oportunidad». Al final, la obligación debería ser «adaptar los programas electorales» para que todo el mundo pueda acceder a ellos mediante el modo de fácil lectura, algo que no todos los partidos tienen disponible.
A Raquel lo que más le interesa es lo que dicen los políticos sobre los asuntos relacionados con la discapacidad «unos me convencen más que otros» y que pongan las calles más accesibles. También le interesa mucho el tema de las pensiones. «Me preocupa mucho porque yo cobro una pensión de orfandad y si me quitan eso lo llevo muy crudo...». Le gustaría hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y «le preguntaría si él tuviese una discapacidad si le gustaría que le quitaran su derecho al voto y más cosas. A ver qué dice... Y que piense un poco más en los ciudadanos».
El Congreso de los Diputados trabaja en la ponencia sobre la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Esta proposición de Ley reclama la eliminación, en la LOREG, de los apartados b) y c) de su punto primero y suprimir el segundo. Estos son los que establecen que carecen de derecho de sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad» para votar y «los internados en un hospital psiquiátrico» siempre que en la autorización el juez declare esa incapacitación. Está previsto que el proyecto por el cual podrían votar pase a la comisión constitucional en octubre. Si esta resulta aprobada quienes han sido privados de este derecho le recuperarían automáticamente. Los partidos trabajan con la intención de que puedan votar en las próximas municipales, autonómicas y europeas.