El Grupo Municipal Socialista de Torralba de Calatrava ha asegurado este viernes que la alcaldesa «popular» del municipio, María Antonia Álvaro, ha ordenado impedir el acceso de los concejales socialistas a las dependencias municipales.
La portavoz socialista, Sonia Burgos, junto con la vicesecretaria general del PSOE provincial de Ciudad Real, Blanca Fernández, han denunciado la vulneración del derecho de los concejales a informar a los vecinos en dependencias municipales.
Ambas han informado de que los concejales socialistas venían informando esta semana a los vecinos desde el despacho con el que cuentan acerca de cómo acceder al bono social eléctrico del Gobierno de España y a las ayudas al alquiler o a la rehabilitación de viviendas del Ejecutivo regional.
Ayer, «lamentablemente», ha explicado Sonia Burgos, tanto los concejales socialistas que acudieron al ayuntamiento como los vecinos que se encontraban esperando para ser atendidos asistieron a una situación «bochornosa», al encontrarse con que la Policía Local no les permitió el acceso al despacho por orden de la alcaldesa.
Burgos ha apuntado que la alcaldesa les ha «echado del Ayuntamiento por estar ayudando a las familias más vulnerables y se nos limita el derecho a ejercer nuestra función como concejales, en una actuación dictatorial y prepotente sin precedentes».
La portavoz socialista ha considerado que, como grupo municipal que tiene un despacho por ley, los concejales tienen derecho a utilizar las instalaciones municipales en un horario razonable, ya sea por la mañana o por la tarde, porque «los concejales del PSOE no están liberados y trabajan, no como la alcaldesa, que cobra 2.000 euros por su liberación».
Además, ha indicado que el PSOE ha iniciado esta ronda informativa con los torralbeños debido a que está a punto de vencer el plazo de renovación del bono social y de las ayudas a la vivienda de la Junta, «y no se ha hecho ninguna campaña informativa al respecto por parte de la alcaldesa, demostrando con ello lo poco que le importan sus vecinos».
La edil se ha preguntado si María Antonia Álvaro «se está poniendo extremadamente nerviosa de cara a las próximas elecciones, pues no es normal que deje que en el despacho de uno de sus concejales se haga una asamblea de Nuevas Generaciones y no deje al resto de los concejales que ayuden a los vecinos».
Por su parte, Blanca Fernández ha declarado que se trata de un hecho «inusitado», pues todos los concejales del ayuntamiento tienen el mismo derecho a utilizar sus despachos en unas instalaciones que son públicas.
Y ha añadido que el sentimiento patrimonialista que tiene esta decisión solo se puede entender «en una república bananera o en una dictadura, nunca en una democracia», y que las decisiones de la alcaldesa tienen que estar fundadas en derecho «y esta no lo está».
Fernández ha asegurado que van a preparar un escrito solicitando a la alcaldesa que reconsidere esta decisión con argumentos jurídicos antes de ir a los tribunales. «Tenemos que dar una segunda oportunidad, sabiendo que las instalaciones municipales son de los torralbeños, no del alcalde o alcaldesa de turno», fijo.
El asunto ha sido puesto en manos de los servicios jurídicos de la Ejecutiva Provincial del PSOE para que analicen la situación y adopten las medidas oportunas.
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