Las armas entran en la carrera electoral de la mano de Bolsonaro - El Nuevo Diario
En el fondo de una galería comercial, en pleno centro de Sao Paulo, Nilton Gonçalves regenta un pequeño negocio de armas. El brasileño celebra la promesa de Jair Bolsonaro de flexibilizar el estatuto de desarme, pero no cree que la llegada del ultraderechista al poder empuje sus ventas.
En uno de los pilares de la modesta tienda, una pegatina reza un eslogan defendido por una parte de los seguidores de Bolsonaro: "Mi vecino no tiene armas. Él apoya el desarme civil. En respeto, no voy a defenderle con mis armas".
Las "armas son inherentes al ser humano. Está en la Biblia", proclamó recientemente el candidato ultraconservador, quien promete "armas para todos" en medio de una creciente indignación de los brasileños con la escalada de la violencia y la inseguridad en el país sudamericano.
Gonçalves, al igual que muchos de los simpatizantes del ultraderechista, confía en que la liberación de las armas "ahuyentará" a muchos criminales, pero está a favor de que continúen las "exigencias" por parte de las autoridades a la hora de conceder una licencia.
"Si la población va armada, un bandido se lo pensará dos veces a la hora de robar un restaurante lleno de clientes", argumenta.
El actual estatuto de desarme en Brasil permite la compra de armas para personas mayores de 25 años sin antecedentes penales, siempre y cuando hayan pasado un test psicológico y justifiquen el motivo.
"Quien quiso entregar las armas (a cambio de dinero) las entregó, pero el ciudadano común quedó desarmado y el bandido continúa armado", resume Gonçalves, en referencia al estatuto aprobado en 2003 durante el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para Gonçalves, el principal cambio se producirá si Bolsonaro vence y decide liberar el porte de armas para civiles, hoy prohibido por ley.
Sin un cartel que la identifique, la antigua Gonçalves Armas, ahora bautizada como Top Gun, se esconde en un pequeño pasillo junto a una tienda de pesca en la céntrica calle Sao Joao, en el corazón de Sao Paulo.
En su escaparate están expuestas las armas de balines de goma, mientras que las de fuego, como la pistola Taurus PT938 o el revólver Taurus 85, de fabricación brasileña, están guardadas bajo llave en las estanterías de madera.
El precio del revólver calibre 38 varía según el modelo y va de los 2.800 reales (unos 756 dólares) hasta los 5.600 reales (alrededor de 1.513 dólares), con opciones de 5 a 8 tiros, mientras que el valor de las semiautomáticas llega hasta los 6.200 reales (1.675 dólares).
Gonçalves no espera "grandes cambios" en su pequeño negocio, pero otros gigantes, como la fabricante de armas Taurus, han visto sus acciones disparadas en bolsa en medio de expectativas de los inversores por un triunfo de Bolsonaro.
"La industria en Brasil es casi un monopolio. Brasil es el tercer mayor exportador de arma leve y pequeña del mundo. No es casualidad esa subida en la bolsa. Hay una especulación sobre la venta de armas", dijo a Efe Felippe Angeli, gerente de abogacía de la ONG Instituto Sou de Paz, que hace una década impulsó el actual estatuto del desarme.
El polémico diputado, nostálgico de la dictadura militar, cuenta con el respaldo de la llamada "bancada de la bala", como se conoce el grupo de parlamentarios favorables a la liberación de las armas en Brasil y que tienen sobre la mesa algunos proyectos en esa línea.
El discurso populista de diversos políticos y grupos, evalúa Angeli, ha aumentado la búsqueda por armas de fuego en Brasil, cuya venta ha escalado un 70 % en el mercado legal en la última década.
Los registros de nuevas armas por parte de civiles, por su parte, se han multiplicado por diez desde 2004 y el año pasado llegaron a los 33.031, según los datos de Sou de Paz.
"No se trata de una cuestión ideológica, de derechas o de izquierda, hay una clara correlación entre la circulación de armas de fuego y el aumento de muertos por armas letales. Es un consenso internacional", subraya Angeli.
Por ello, advierte la ONG, la liberación del porte de armas será una "catástrofe para la seguridad pública" de un país en el que tan sólo el año pasado murieron más de 60.000 personas víctimas de la violencia.