La entrada en la cárcel de Keiko Fujimori complica su aspiración a la presidencia en 2021

La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, se enfrenta a un destino incierto de cara a las elecciones presidenciales de 2021, después de que un juez peruano confirmara la petición de «prisión preventiva» durante tres años por el lavado de 1,2 millones de dólares recibidos de Odebrecht en 2011. La figura judicial de «prisión preventiva», que fue declarada favorable por el juez Richard Concepción Carhuancho y que significa la prisión inmediata de la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se basa en que ella sería la líder de una organización criminal creada de facto en el interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de Odebrecht. El fallo favorable a la detención preventiva contra Keiko Sofía es un proceso penal en el que se le investiga junto a diez personas, entre las que se encuentran sus colaboradores más cercanos, como Ana Herz de Vega, Pier Figari, Vicente Silva Cheza y Carmela Paucara, junto a los jefes de la campaña presidencial de 2011: Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama, y cinco personas más, a quienes se acusa de ser falsos donantes a su campaña. En 2011, Keiko Sofía era la candidata presidencial favorita de los empresarios peruanos frente al candidato apoyado por el chavismo y el entonces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva: Ollanta Humala. Tras perder esa elección, Keiko Sofía se postuló en 2016 a la presidencia y perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski por más de 40.000 votos. Actualmente, Keiko Sofía esperaba presentarse por tercera vez a la presidencia en el 2021. En medio de impresionantes medidas de seguridad, Keiko Fujimori, de 43 años, ingresó ayer al anexo de la cárcel de mujeres, Santa Mónica, ubicada en el distrito de Chorrillos. Antes que ella, también estuvo allí presa por nueve meses la ex primera dama, Nadine Heredia, quien junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, han sido procesados bajo la acusación de lavado de activos al haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht. En declaraciones a ABC, el catedrático de la Pontificia Universidad Católica, Iván Lanegra, aseguró que desde la cárcel «será casi imposible» que Keiko Fujimori dirija su partido, Fuerza Popular, y por ello prevé que en breve «renunciarán más congresistas que no querrán estar relacionados con alguien procesada por lavado de activos», explica. «Para Keiko Fujimori fue letal que el fiscal difunda las conversaciones en el servicio Telegram donde del mismo modo que con los “vladivideos” se ve como manejaba a sus congresistas, a quienes les decía como aplaudir, saludar y votar. Ante la opinión pública se ve que no quieren trabajar por el país sino a favor de cubrirse las espaldas», señaló Iván Lanegra. «Los peruanos son capaces de tolerar cierto nivel de corrupción, pero no toleran que los que hacen política los olviden y dejen de lado», concluyó. Criminalizar la política En tanto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, declaró que «en democracia no se puede criminalizar la política. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe prevalecer». «El fujimorismo ha colaborado eficazmente en su propio deterioro, al no saber administrar su poder, abusando de él y llenándose de abultados apoyos e intereses ocasionales. El fujimorismo no morirá, pero si no lee cuidadosamente su terrible desempeño de estos años, solo podrá vivir como zombi caminando en la oscuridad», precisó el sociólogo Fernando Tuesta. Según la investigación del fiscal Pérez, el partido Fuerza Popular tuvo una contabilidad paralela donde lavó más de un millón de dólares que recibió de la constructora brasileña Odebrecht, y que luego imputó a asistentes «fantasmas» a reuniones para recaudar fondos. Además, se suplantó a 114 personas como donantes del partido fujimorista, cuyos aportaciones ascenderían a cerca de 650.000 dólares. Entre las pruebas que cito el juez peruano hay varios testimonios de «colaboradores eficaces», entre los que hay un congresista de Fuerza Popular, que ha entregado su teléfono móvil como prueba de que el partido de Keiko Sofía armó un complot para que los congresistas que dirige, y que son la bancada mayoritaria en el Parlamento, buscan acabar profesionalmente con el Fiscal que la investiga, José Domingo Pérez.