Durante buena parte de su vida, Arnaldo Otegi fue un terrorista y el hecho de haber dejado de serlo, un evidente paso positivo, no implica de ninguna manera que no lo haya sido. En un principio se dedicó al terrorismo propiamente dicho, participando directamente en un secuestro y otros delitos, y más tarde ejerció una especie de comisión de servicio, destinado por ETA a dirigir su brazo político. Al final de esa etapa, la más conocida, apostó por convertir a la banda en un partido y negoció con Zapatero una salida en forma de armisticio. Pero aunque nunca se supo realmente si obedecía órdenes o las daba, si ejercía el liderazgo o se limitaba a cumplir un designio; y por más que llegasen a existir discrepancias internas sobre el modo de reconducir el llamado conflicto, lo que nadie dudó nunca es que él y ETA eran lo mismo. Por eso cuando el antiguo presidente, en un arranque complaciente de voluntarismo, lo calificó de «hombre de paz» hizo un estrepitoso ridículo.
En esa peligrosa existencia, Otegi pisó muchas veces tribunales y juzgados, y pasó en la cárcel algunos años. Ahora la Corte Europea de Derechos Humanos ha estimado que en su última condena -precisamente por tratar de reconstruir Batasuna- hubo un vicio que pudo contaminar la imparcialidad del fallo: una magistrada de la Audiencia era sospechosa de prejuicios hacia el acusado por cierto comentario que pronunció en el juicio de otro caso. Para la justicia española, esta sentencia constituye un indiscutible varapalo: faltó un celo jurídico elemental, una precaución insoslayable, un escrúpulo básico. Pero ni los recurrentes -eran varios- han sido absueltos ni el veredicto revocado; obtienen a lo sumo una compensación moral de amparo y una vía de recurso que tal vez Otegi aproveche para impugnar su inhabilitación como candidato. El aspecto más pernicioso del asunto consiste en que les concede una oportunidad política para blanquear su relato y presentarse -les ha faltado tiempo- como víctimas de la represión de un Estado antidemocrático.
El argumento les servirá ante los suyos, ante cierta opinión pública de fuera y ante ese nuevo bloque nacionalpopulista decidido a desmontar el sistema. Sin embargo, ante el resto de los españoles no cuela, como no coló en su momento el impostado cambio de estrategia con que trataron de postularse como apóstoles de la no violencia. El aparato judicial español tiene un problema: ha dejado rendijas procesales abiertas por las que bastantes criminales han acabado saliendo demasiado pronto de la trena. Los jueces de Estrasburgo son muy garantistas y el separatismo cuenta con abogados expertos en explotar esa clase de brechas. Pero una grieta en el procedimiento no va a convertir a Otegi en Mandela. Nunca podrá ser otra cosa que un testaferro de ETA. Y pese a su expresión circunspecta, ésta en la hora en que aún no ha pedido perdón siquiera.
