El Gobierno pone fecha de caducidad en 2020 a las cuatro térmicas de Castilla y León

De la fecha de consumo preferente en 2030, a la de caducidad en 2020 han pasado las centrales térmicas de Castilla y León, para las que el Gobierno central del PSOE ha confirmado su defunción en poco más de un año. Aunque de forma indirecta, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmó ayer los nombres de las cinco de las catorce térmicas aún enganchadas a la red que podrán seguir generando electricidad. Y ninguna es de la Comunidad. Así, sólo las de As Pontes (La Coruña), Litoral (Almería), Los Barrios (Cádiz), Aboño y Soto de Ribera (Asturias) se salvan de la quema, de modo que las cuatro de Castilla y León aún activas se quedan sin posibilidad de futuro más allá de 2020, incluida la leonesa de La Robla, para la que Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) sí había dicho que invertiría en modernización, aunque no para toda la planta, que la permitiese adaptarse a los requerimientos europeos y seguir quemando carbón. En el caso de la palentina de Guardo, en Velilla del Río Carrión, y las leonesas de Compostilla (Cubillos del Sil) y Anllares (Páramo del Sil), lo cierto es que su cierre a poco más de un año vista ya estaba sobre la mesa. Tras la confirmación de los nombres de las cinco térmicas que se salvan, desde la Junta de Castilla y León, su portavoz, Milagros Marcos, cargó ayer con dureza contra «los caprichos» del Gobierno socialista y el «serio problema» que «genera» al «no» poner sobre la mesa una alternativa para esas zonas. «No entendemos que unas térmicas cierren y otras, no», censuró Marcos, quien afeó que casi todas las que podrán seguir se encuentran en comunidades de signo socialista. «Si contaminan, contaminan todas», incidió la consejera, quien reprochó «la destrucción, aniquilación y persecución del PSOE» con el sector económico del carbón que, dijo, «no tiene mucha justificación». Y que lo haga, además, «sin alternativa y sin explicación», que reclamó debe dar «a todos», incluidas las personas y zonas afectadas en León y Palencia. «¿Dónde están las industrias que suplen ese empleo? ¿Se han construido ya las fábricas?», interpeló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Cartas a los trabajadores Además, defendió que desde la Junta de Castilla y León «venimos luchando insistentemente» contra el fin de la actividad vinculada al carbón, que incluye la actividad en las minas -también con fecha de caducidad este año- y las térmicas -cuya esquela para 2020 ha confirmado el Gobierno-. Y avanzó que lo seguirán exigiendo, aunque reconoció que «ante decisiones caprichosas y sin explicaciones, ¿qué argumentos se pueden usar?». «El Partido Socialista ha decretado el fin de las térmicas, ha decretado el fin de las zonas mineras y el cierre de la actividad económica en buena parte del territorio», recriminó Marcos, quien acusó al Ejecutivo de Sánchez de poner «la alfombra roja» a las empresas propietarias de las térmicas para que cesen su actividad. «Si el Gobierno abre la puerta a que cierren, ¿qué van a hacer? Utilizar la puerta», lamentó. Central de La Robla - ICAL Precisamente desde Endesa -del grupo italiano Enel- ha empezado a trasladar a los trabajadores de la térmica de Compostilla su intención de frenar las inversiones en esta instalación para cesar en su actividad a partir del año 2020. «Miedo» y riesgo de infarto El cierre de las térmicas y el fin de la actividad minera serán cuestiones que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tratará con Sánchez en la reunión entre ambos prevista para el día 27. Acudirá con un «lenguaje que debe ser de acuerdo» para «revertir todas estas decisiones con las que estamos absolutamente en desacuerdo», avanzó Marcos, quien defendió que los reproches de ayer «no son una dura crítica», sino constatación «de la realidad». «Ya es duro, pero es así», defendió la portavoz. «Es una crítica a la actitud e irresponsabilidad» del Ejecutivo socialista por «lanzar mensajes sin valorar las consecuencias» y sin consultarlo antes con los afectados. Y es que, incidió, «hay una preocupación muy seria y legítima» ante la «actitud» del Gobierno. «La inseguridad es tal que asusta, realmente da miedo», censuró la consejera. «Ya así estamos curados del susto y vamos a empezar a no creerlo -dijo en alusión a los diferentes anuncios y rectificaciones- para que no nos dé un infarto».