La suspensión o cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tiene que estar sustentada legalmente para que proceda, pues la realización de una consulta ciudadana no es un justificante legal para detener la obra, aseveró Raúl González Apaolaza, director corporativo de Construcción del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM).
En entrevista con MILENIO, el directivo dijo que si se consideran las demandas que vendrán por parte de las empresas contratistas, solo se puede proceder a la cancelación de la obra si se justifica legalmente.
González Apaolaza apostó a un milagro y confió que un acuerdo del gobierno entrante con la iniciativa privada reactive la continuidad de la obra.
“El presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) dijo que era definitiva la cancelación de Texcoco. Yo en lo personal todavía pienso en los milagros y que todavía se puede reactivar esta obra.
"Que la iniciativa privada o el Congreso convenzan al Ejecutivo Federal de que lo más razonable es continuar con la obra”, dijo.
Recordó que hasta ahora no se ha demostrado que sea compatible la operación aérea entre las dos terminales, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y la Base Militar Aérea de Santa Lucía, como lo señala el reporte más reciente del centro de investigación Mitre.
Por lo anterior las 312 empresas que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto, así como los 16 mil empleados directos y cerca de 49 mil indirectos, mantienen sus labores, porque el GACM tiene el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto de continuar con la obra hasta el último día de su administración.
“Hemos escuchado que se van a suspender las obras del Nuevo Aeropuerto. Oficialmente no se tiene ninguna información, hasta que no tomen posesión, no podrán dar las directrices”, apuntó.
González Apaolaza explicó que según la Ley de Obras Públicas y la manifestación de impacto ambiental, si se cancela la obra se debe dejar el terreno en las mismas condiciones en que lo encontraron, lo que implica que tendrían que retirar todas las instalaciones, el material en las pistas y las obras hidráulicas que se han hecho.
Ejemplificó que el volumen de concreto que se tendría que retirar tiene una longitud de 1.5 kilómetros, con un ancho de 1.5 metros. "Para retirarla se debe destruir, transportarla y conseguir permisos de la Semarnat para que el depósito del cascajo sea conforme a la ley. El retiro de materiales implicaría un gasto que no se ha cuantificado”, agregó.
Explicó que realizaron un estudio para ver cómo se conservan instalaciones, como la barda perimetral, que cuenta con una longitud de 33 kilómetros.
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