Destapan un macrofraude de 6 millones de euros en el cobro de pensiones de fallecidos
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Las pesquisas de los agentes dejaron al descubierto que para hacerse con el dinero de las pensiones, los acusados ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo. Así por ejemplo, trascendió que uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.
Denuncias de diferentes comunidades
La investigación la han desarrollado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Las alertas se activaron cuando los efectivos conectaron las denuncias recibidas en diferentes puntos de la geografía española en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras averiguaciones se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos, que seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.
Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas, entre las que se cuentan La Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. En total, la investigación eleva a casi seis millones de euros la cantidad defraudada a la Seguridad Social.
A la hora de argumentar y explicar ante la policía el caso, la mayoría de los implicados se excusaron diciendo que desconocían estar recibiendo esos ingresos, pese a que los agentes descubrieron que sí hacían uso del dinero. Otros, indican fuentes policiales, se escudaron en las necesidades económicas de la familia. Tanto es así que entre los casos que ahora salen a la luz se detectaron acusados cuyo entorno más cercano no conocía la procedencia de estos ingresos.
Robo de identidad entre compatriotas
Uno de los casos significativos se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista. Se descubrió que la tarjeta bancaria de la pensionista había sido robada por un compatriota compañero de piso, quien a su vez compartía el número de la tarjeta con varios amigos suyos.
En la provincia de Málaga fue investigado el cobro de más de 129.200 euros por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos ulteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.
En la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la interconexión telemática entre administraciones. De forma que realizan de forma periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de prestaciones.