El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que se determinó regresar los servicios de educación básica y normal al gobierno federal, ya que ha significado un déficit financiero para la entidad por pago de nómina y prestaciones de 4 mil 200 millones de pesos en lo que va de la administración.
En conferencia de prensa, detalló que este lunes entregó la petición formal a la Oficina de la Presidencia de la República y de las secretarías de Hacienda y Educación Pública y expuso que no está a evaluación porque es negativo para las finanzas del estado y de la educación e insano que cada quincena haya maestros en las calles con una demanda justa que se les pague su salario.
Acompañado por funcionarios de su gobierno y legisladores por Michoacán, explicó que la decisión se tomó tras un análisis profundo y serio de los resultados obtenidos en Michoacán, derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas, firmado en 2014.
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De este último, derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo (Fone).
Por ello, dijo que su gobierno ha tomado la determinación de interpelar extrajudicialmente ante las secretarías de Hacienda y Educación Pública y dar por terminados los referidos convenios en un plazo de 30 días, contando a partir de este día en que fueron ingresadas las respectivas notificaciones.
Indicó que la terminación incluye el reintegro al gobierno federal de los servicios de educación básica federales, así como los de financiamiento estatal y rechazó que Michoacán esté en quiebra, pero los convenios con sus modificaciones han generado un grave perjuicio a las finanzas de la entidad, que hace imposible continuar con los servicios a su cargo.
Aclaró que Michoacán no está renunciado a la responsabilidad social del Poder Ejecutivo estatal con la educación, pues la política educativa es única y exclusivamente responsabilidad federal y los estados y los municipios son concurrentes.
Argumentó que en su estado existen 11 mil planteles educativos, cuatro mil 685 de sostenimiento federal y seis mil 315 con sostenimiento estatal.
De las plazas laborales existentes, 50 mil 944 son federales, que representan 63 por ciento del total, y 29 mil 267 estatales, que equivalen a 37 por ciento, las cuales representan para el gobierno michoacano un costo anual en nómina de seis mil 764 millones de pesos.
Aureoles Conejo afirmó que en 14 años, la participación estatal en educación se incrementó en 55 por ciento respecto a 1992, lo que fue generando un enorme boquete en las finanzas del estado y un creciente déficit acumulado para el pago de nómina magisterial.
Dijo que solamente en los primeros tres años de su gobierno han pagado al magisterio más de 2 mil 500 millones de pesos por concepto de bonos adicionales a su salario.
Reconoció que su estado enfrenta graves problemas de insolvencia para hacer frente a los compromisos salariales con el magisterio, al grado de que en este momento no se cuenta con recursos para el pago de nómina, prestaciones y otros conceptos del mes de diciembre por un monto de más de dos mil millones de pesos.
Explicó que aunado a eso, actualmente se adeudan bonos vencidos de 2017 y 2018 por un monto de 620 millones de pesos, se tienen pendientes de pago ocho bonos, tres prestaciones por un monto de 872 millones de pesos, pago de homologados por 81 millones de pesos y 120 millones de pesos para el pago de dos mil 20 interinatos a normalistas.
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