Del prohibicionismo de Francia a la Holanda libertina
Como en otros muchos aspectos, en la actualidad, el referente en la lucha contra la prostitución está en el norte de Europa. Al menos para los sectores que abogan por acabar totalmente con esta práctica. El modelo nórdico, que apuesta por castigar al cliente, cobra cada vez más fuerza en Europa. Allí, los que pagan por sexo se elevan a la categoría de delincuentes. Suecia fue la nación donde empezó todo, allá por 1999. En ese año, el país aprobó una ley que castigaba a los clientes con multas y penas de hasta un año de cárcel, de forma que se dejó de señalar con el dedo a la prostituta para pasar a poner el foco en el hombre que paga por sus servicios. La premisa es clara: si no hay demanda, no habrá oferta. Ese sería el fin definitivo del comercio sexual.
Muchos países han seguido la línea marcada por Suecia, entre ellos Francia –donde, a pesar de los esfuerzos, se ha cuadrupilicado en los dos últimos años–, pero también Islandia, Canadá Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur e Irlanda del Norte. En Noruega, los dirigentes dieron un paso más, y atacaron de raíz el turismo sexual. El propio Parlamento Europeo instó en 2014 a los Estados miembros a adoptar fórmulas similares a la sueca, basándose en la premisa de que el que vende su cuerpo nunca lo hace de forma libre. Para los partidarios del abolicionismo, prostitución y trata van siempre de la mano. Este modelo es el que está encontrando cada vez más adeptos, no solo en el continente, sino en todo el mundo.
En el lado contrario están las corrientes legalistas, las que sostienen que el trabajo sexual es un oficio que puede ejercerse de manera libre y, por ello, regularlo es una necesidad. Holanda es su máximo referente, un estado en el que las prostitutas pagan impuestos y obtienen prestaciones sociales desde que se aprobase una ley inédita en Europa en el año 2000. En esta senda se mueven Dinamarca –donde, sin embargo, no tienen derecho a paro ni a Seguridad Social– y Alemania.
Italia se encuentra en la misma situación de «alegalidad» que se vive en España. Y, por último, en Hungría la prohibición es total: se penaliza, sobre todo, a la meretriz que ejerza en «zonas protegidas». Mientras que ellas se enfrentan a multas económicas, e incluso a penas de cárcel, al cliente solo se le sanciona si contrata los servicios de una prostituta menor de edad.