La presión de la extrema derecha quiebra el apoyo europeo al Pacto Mundial sobre Migración
Unos son más estatalistas; otros, más neoliberales. Unos son más antiestablishment, otros vienen del establishment. Pero lo que une a todos los movimientos de extrema derecha europeos es que son soberanistas y quieren poner muros a la migración.
A partir de este lunes se ratifica en Marrakech el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regular, que proporciona el primer marco de cooperación internacional y no legalmente vinculante en materia de migración. Es el resultado de un proceso de negociaciones entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas que comenzó con la Declaración de Nueva York en 2016, adoptada por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas.
La Unión Europea y sus Estados miembros han participado en los debates desde el principio. Pero cuando llega el momento de firmarlo, la UE llega dividida entre quienes lo rechazan, quienes lo apoyan y a quienes les empieza a temblar el pulso por la presión de la extrema derecha.
El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, ha animado, en vano, a los Estados de la Unión Europea contrarios al Pacto Mundial para la Migración de la ONU a reconsiderar su posición: "Preferiría que todos los Estados miembros estuvieran plenamente de acuerdo en una posición común. No es el caso, algunos no tienen voluntad de ser parte. Pido a los países que se replanteen y reconsideren su posición, en interés de todos los países implicados en el fenómeno migratorio".
El comisario ha recordado que ese pacto tiene previsto crear una plataforma destinada a cooperar de forma multilateral para abordar "retos globales que exigen una solución global"; desde las causas de la inmigración a la manera de combatir la inmigración irregular o los retornos y que el pacto no será la visión de un solo país ni tampoco obligatorio.
Pero los países comunitarios como la Hungría de Víktor Orban y la Austria de Sebastian Kurz, además de Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, la República Checa y la Italia de Matteo Salvini, han anunciado que no lo ratificarán, así como Estados Unidos, Suiza, Australia e Israel. Aducen la pérdida de soberanía y critican que el documento no distinga entre emigración legal e ilegal.
La Alta Representante para las Migraciones, la canadiense Louise Arbour, ha lamentado que "ciertas fuerzas" se hayan adueñado del discurso sobre la inmigración; y ha reclamado que el debate se circunscriba a "hechos"; al tiempo que ha subrayado que el pacto no contiene obligaciones específicas y no atenta contra las soberanías nacionales.
Pero lo cierto es que el discurso alarmista sobre la emigración que se ha instalado en numerosos países del mundo, comenzando por Estados Unidos, donde Donald Trump ha hecho del control migratorio una de las grandes banderas de su mandato.
Frente a ese discurso de mano dura de Trump, la Unión Europea se está partiendo: los países del centro de Europa –Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia– son los que con más firmeza se oponen al pacto, mientras que Italia ha dicho que no se sumará a él "por el momento".
Bélgica, por su parte, está al borde de la crisis de Gobierno por la oposición de los nacionalistas flamencos N-VA a firmar el acuerdo, comprometido por el primer ministro, el liberal Charles Michel.
En sentido contrario, países como Alemania y España apoyarán el pacto con la presencia en Marrakech de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
No obstante, Merkel se ha topado en el proceso con la presión de parte de su partido hermano bávaro, la CSU, sensible a los discursos de la extrema derecha de AfD. Y el pacto se convirtió en un elemento de disputa en la batalla para suceder a Angela Merkel: dos de los principales contendientes para el cargo, los derrotados Jens Spahn y Friedrich Merz, han criticado el acuerdo y han pedido que se modifique.
El Alto Comisario de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, lamentaba recientemente en una entrevista con Efe que "el lenguaje político actual", en particular el que se emplea por ciertos partidos, "está arruinando" el concepto del derecho de asilo, que es algo "propio de la cultura europea", y "forma parte de los valores fundacionales" de la Unión Europea (UE).
Pero la presión de la extrema derecha está siendo logrando quebrar el apoyo europeo al Pacto Global sobre Migración. El Gobierno holandés, del primer ministro Mark Rutte, ha estado bajo esa presión de líderes de extrema derecha, como Geert Wilders y Thierry Baudet, y ha necesitado un análisis legal del texto para garantizar que su firma no conlleve ninguna consecuencia legal. El Gabinete finalmente decidió que apoyaría el pacto, pero que agregaría una declaración adicional para evitar consecuencias legales imprevistas.
"Considerar un derecho humano a la migración es ajeno al sistema legal austríaco", declaró el Gobierno de Kurz, miembro del Partido Popular Europeo, cuando anunció su descuelgue del paco: "La creación de la categoría internacional inexistente del 'migrante' debe ser rechazada".