Corte 'batea' propuesta de Chihuahua sobre pleito contra Peña Nieto
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó que el resto de las entidades del país intervengan como terceros interesados en la controversia constitucional que interpuso el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la que busca protegerse de cualquier acción legal que ejerza en su contra la administración que encabeza gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
El ministro Eduardo Medina Mora, quien admitió a trámite la controversia constitucional días antes de que Peña Nieto dejara de ser el titular del Ejecutivo Federal, emitió un acuerdo donde deja claro que no se le puede dar entrada a la petición del titular del ejecutivo estatal, quien solicitó “tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas”.
En su acuerdo, el ministro puntualiza que no se advierte que el resto de los estados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a dictarse.
El gobierno de Chihuahua argumentó una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.
En noviembre pasado, ante las advertencias de Javier Corral de que llevará a Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato, el titular del Ejecutivo Federal presentó la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.
Los actos que reclamó Misha Leonel Granados Fernández, entonces consejero jurídico de la Presidencia, tienen que ven contra cualquier acción que pretenda emprender en el futuro la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, no solo contra el mandatario federal, sino contra integrantes de su gabinete.
“Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
“La emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, la emisión de órdenes de detención.
De igual manera, se busca proteger a Peña Nieto y a su ex gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
Con la controversia también se busca proteger al ex titular del Ejecutivo Federal de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que hagan referencia de actuales o anteriores funcionarios federales.
Además de advertir de que llevaría a la cárcel a Peña por presuntamente proteger al ex gobernador César Duarte, “por toda la operación del gobierno federal”, Corral ha señalado que Peña podría ser llevado ante los tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
jbh