Casado aplica en Andalucía el modelo de Esperanza Aguirre en sanidad y educación

Garantizar la libertad de elección es un mantra que se repite en el apartado destinado a la enseñanza en el pacto firmado por Vox y PP y dirigido por el PP de Casado para gobernar en Andalucía. Esta propuesta no es una idea nueva en los gobiernos impulsados por los populares. En el apartado educativo, ya fue una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en su última campaña para llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, desde el curso 2012/13 se implementó esta política que permite a las familias elegir el colegio público o concertado preferido sin límite territorial al eliminar las "zonas de escolarización". Este planteamiento se repite ahora en el pacto que estos dos partidos han firmado para que Juanma Moreno Bonilla sea presidente de la Junta. Ambos apuestan por "eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo".

"Se acaba convirtiendo en una libertad de elección de centros que se transmuta en una libertad de selección del alumnado, que se termina realizando en función del origen y de la situación socioeconómica. También hay que tener en cuenta que las cuotas que cobran algunos de estos centros sirven de obstáculo. A pesar de que las nieguen, aumentan la cuantía de estas cuotas para ser más selectivos", explica el experto en política educativa José Luis Pazos, que durante el Gobierno de Aguirre fue representante de las asociaciones de padres madrileñas.

Tal y como publicó la Revista de Sociología de la Educación, esta política ha sido uno de los factores que ha situado a las aulas madrileñas entre las las más desiguales de la Unión Europea. A la libre elección de centros hay que sumarle el modelo bilingüe y el peso que ha tenido la concertada en el sistema educativo madrileño para llegar a esa conclusión, según determinaron en el estudio elaborado por dos investigadores de la Universidad Autónoma.

Asimismo, el sociólogo Jesús Rogero incide en esta idea al plantear que estas políticas "incluyen muchos ingredientes para segregar". Y desarma el argumento defendido por estos dos partidos centrado en la libertad de elección al plantear que no es tal, ya que ésta "no existe cuando algunas familias tienen limitaciones económicas, de transporte o de información" para escoger centro. "Con estas políticas defendidas hasta ahora por el PP se da más opciones a las personas que tienen más recursos que a las que no los tienen", reseña. Asimismo aboga por combatir la segregación con la creación de zonas hetereogéneas: "Habría que potenciar que la gente con menos recursos pueda ir a clase con la gente que tiene más recursos".

Como planteaban los investigadores de la Autónoma, la apuesta por la educación concertada ha sido otro de los elementos que ha marcado al sistema de enseñanza madrileño. En Andalucía, Vox y el PP también abogan por potenciar este. Así lo plantean en un punto de su programa en el que ponen al mismo nivel el modelo sufragado con fondos públicos que al que segrega por sexos. Estos partidos se comprometen a "garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada". Ciudadanos ha mostrado su oposición a la segregación este jueves.

Apoyo a los centros que segregan por sexos

El apoyo, a costa de las arcas públicas, a los colegios concertados fue una dinámica al alza durante todo el Gobierno de Aguirre. Antes de que la exlideresa popular ocupase el cargo de presidenta, la región dedicaba un porcentaje de gasto público a conciertos similar al de media nacional (alrededor del 13%), pero esa proporción se disparó hasta el 20% del total cuando se marchó del Ejecutivo regional. Los centros que segregan por sexos también se han beneficiado de ese aumento de inversión pública. Entre el año 1999 y 2017, se concertaron quince colegios más que ofertan este modelo y la aportación económica pasó de 4,1 a 39 millones de euros por curso escolar.

Por lo tanto, tanto la educación concertada como la diferenciada ha salido muy fortalecidas con las políticas que el PP plantea ahora exportar a Andalucía. De esta forma también desafiarán al PSOE andaluz. Los socialistas desde la Junta trataron de evitar la financiación a los centros que segregan por sexos, alegando que infringía el artículo 14 de la Constitución Española en cuanto a la discriminación por razón de sexo. El Tribunal Supremo falló a favor de las empresas y avaló esos conciertos.

Con el acuerdo rubricado el pasado miércoles en Sevilla, PP y Vox dan un paso más al apostar por que se incluya "progresivamente" el Bachillerato en la concertada. En este caso, esta idea germinó en los últimos años de los populares a cargo de la Generalitat valenciana. El equipo actual, apoyado por PSOE y Compromís, trató de revertir estas medidas pero se ha vuelto a encontrar con la negativa judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana suspendió esa decisión, estimando los recursos de las empresas y reconociendo su derecho a conservar las aulas concertadas que no les renovó. El Supremo se tendrá que pronunciar sobre este fallo.

Madrid apuesta por concertar Bachillerato

De nuevo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también se ha apuntado a este propuesta. En esta ocasión ha sido Ángel Garrido, el presidente regional actual, el que se ha comprometido en la presentación de los presupuestos del 2019, apoyados por Ciudadanos, a crear cheques que financien este nuevo sistema en la educación postobligatoria. "Esa medida beneficia a las familias que más dinero tienen y cuentan con más capacidad económica para pagarlo. En Bachillerato muchos alumnos se van de centros privados porque tenían que pagar al llegar a esa etapa. Si se lo financian, no se marcharán", incide Rogero.

Visión sanitaria compartida 

El triángulo de partidos PP, Ciudadanos y Vox, que propiciará el nuevo gobierno conservador en Andalucía, comparte grosso modo su visión sobre el sistema sanitario, según se desprende de las medidas que han firmado en sus acuerdos de investidura. Ambos documentos incluyen la habilitación de la "libre elección de especialista", la reducción de las listas de espera y descongestión de las urgencias. Son mensajes que sostuvieron la política sanitaria del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y que evolucionaron hasta el intento de privatización de hospitales de 2014 que se topó con la marea blanca.

La libre elección de médico fue un eslogan de Aguirre hasta que la puso en marcha en 2010. Lo cierto es que, en Andalucía, por su parte, existe "libre elección de especialista y de Hospital" desde 1997. Sin embargo, el modelo aguirrista conllevó la eliminación de las áreas sanitarias. Toda la Comunidad de Madrid es un Área Única sin apenas condicionante más allá de la negativa del sanitario a llevar más casos. Andalucía se divide hoy en 15 Áreas de Gestión Sanitaria. La Junta favorece la elección dentro la propia área, como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el Defensor del Pueblo Andaluz.

El sistema de área única sustenta la filosofía del "dinero sigue al paciente". Los servicios que captan más pacientes obtienen más recursos. Los médicos que reciben más consultas alcanzan pluses, en un esquema de fomento de la competición. En Madrid, el ecosistema se vio favorecido con la puesta en marcha de cuatro hospitales de gestión privada en Valdemoro, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Villalba más el ya existente Fundación Jiménez Díaz que funcionan con una suerte de concierto: reciben financiación pública en función de las cartillas asignadas. Además, si todos estos hospitales consiguen atraer a pacientes fuera del cupo asignado en sus contratos ingresan más dinero de las arcas públicas.

Esto ha tenido consecuencias. Los contratistas al cargo de los centros sanitarios han desarrollado planes para optimizar económicamente este modelo. En Torrejón hubo campaña de publicidad para captar población rumana, en principio, adscrita a hospitales de gestión pública directas cercanos. La empresa Capio, luego IDC Salud y ahora en Quirón implementó un sistema de traslados internos kilométricos para no dejar escapar pacientes mentales, o acaparar la fecundación artificial a cargo de los pagos de la Comunidad. La Cámara de Cuentas concluyó en un dictamen provisional en agosto de 2018 que el Gobierno de Aguirre jamás justificó las ventajas económicas de montar este sistema de centros privatizados sobre el que se superpuso la libre elección sanitaria.

Otra similitud entre los albores del sistema sanitario auspiciado por el PP aguirrista y las medidas anunciadas este enero en los documentos PP-Ciudadanos-Vox es el asunto de las listas de espera quirúrgica.

Estos partidos aseguran que pretenden rebajarla de manera "drástica" y "efectiva". Aguirre empeñó su palabra en dejar la demora máxima en 30 días como medida estrella. En Madrid lo consiguió, en primer lugar, trampeando la contabilidad.

El Gobierno regional cambió los criterios y solo empezaba a contar los días desde que el paciente visitaba al anestesista, no cuando el médico decidía que había que operar. La fórmula hizo que en 12 meses la lista oficial pasara de 42.000 a 9.250 en 2005. Madrid fue expulsada del sistema nacional. A esto se le añadió una fuerte apuesta por la derivación a centros privados (solo en 2014 se presupuestaron 720 millones y acabaron pagando 824). Y a quien se negara a ser intervenido en una clínica privada, se le paraba la cuenta de espera y no computaba en las cifras oficiales. El centro que gestiona estas derivaciones lo hace mediante un contratista privado. Madrid solo regresó a la contabilidad oficial al derogar el decreto de Esperanza Aguirre y retomar la norma general en 2015.

Tasa de espera baja. Poco dinero a la privada

Las listas de espera son uno de los quebraderos de cabeza de todos los sistemas autonómicos. Y aunque las cifras absolutas dicen que Andalucía presenta la segunda cifra más alta de personas aguardando a ser operadas (65.615, solo detrás de Castilla-La Mancha con 154.686), en términos relativos presenta una de las tasas de pacientes por 1.000 habitantes más bajas, por detrás del País Vasco y Madrid

Lo que sí hay en Andalucía es mucho terreno para recurrir a conciertos. El dinero público dedicado a la asistencia sanitaria mediante centros privados supuso un 4,3% de todo el gasto, según el último informe del lobby de la sanidad privada Fundación Idis. En 2016 se rondaron las 62.000 intervenciones quirúrgicas concertadas, sobre un total de más de 480.000, según los datos del Sistema de Información de la Atención Especializada. Esos centros atendieron unas 165.000 urgencias de los 4,2 millones vistas al año. A modo de ejemplo, los tratamientos que dispensa en Madrid la Fundación Jiménez Díaz le cuestan al presupuesto hasta seis veces más que si se realiza en un centro totalmente público.