Valencia crea un organismo para el censo de víctimas del franquismo y un mapa de fosas comunes

La Generalitat Valenciana ha creado un nuevo organismo, el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que entre sus primeras tareas va a elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, así como mapas de las zonas donde pueda haber restos de represaliados (fosas) e identificaciones de desaparecidos. La aprobación de sus estatutos y el decreto que articula el reglamento orgánico y funcional de este Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, Derechos Humanos y Libertades Públicas, con sede en Alicante, permitirá su puesta en marcha, ha informado este viernes la vicepresidenta y portavoz el Consell, Mónica Oltra, en rueda de prensa tras el pleno. Según Oltra, la creación de este instituto permitirá abordar las actuaciones que de manera transversal realiza el Consell y la reparación a las víctimas. Esta aprobación supone acatar el mandato previsto en la Ley 14/2017 de la Generalitat de la Memoria Democrática y para la Convivencia en cuyo artículo 44.3 se indica que el Consell debe aprobar, mediante decreto, los estatutos del Instituto, en los que desarrollará su estructura administrativa, competencias y funciones, así como su régimen jurídico de funcionamiento. Autónomo Además, lo configura como organismo autónomo de la Generalitat y adscrito a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, con personalidad jurídica pública propia y autonomía funcional y de gestión. Su objeto social es el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la citada norma legal que, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, se refieren al derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria como garantía de no repetición, que tienen las víctimas de la Guerra Civil y posterior represión franquista. Entre sus funciones está la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y posterior represión franquista, así como la recuperación e identificación de los restos que yacen en las fosas localizadas hasta la fecha en el territorio valenciano. También abordará asuntos como la cuestión de la documentación y de los lugares e itinerarios de la memoria democrática valenciana, o la desaparición forzada de niños y niñas durante el mismo período, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. A nivel organizativo, sus órganos son Presidencia, Consejo Rector, Consejo Valenciano de la Memoria Democrática y Dirección General del propio organismo autónomo. A la Presidencia, la Ley le otorga, entre otras funciones, la representación institucional y la autorización y firma de convenios, y la actuación como órgano de contratación, así como autorización, disposición del gasto y ordenación de los pagos correspondientes del Instituto. Por su parte, el Consejo Rector deberá proponer el Plan Estratégico de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana y los programas anuales de actuación del Instituto, además de controlar la labor de la dirección y la aprobación del presupuesto y cuentas anuales. El Consejo Valenciano de la Memoria Democrática es el órgano colegiado consultivo y de participación de la Generalitat en materia de memoria democrática valenciana. Cargos La Presidencia de este órgano corresponde a la persona titular de la Conselleria de Justicia y estará compuesto por representantes de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así como partidos políticos con representación parlamentaria; universidades valencianas y entidades memorialistas. En lo que respecta al titular de la Dirección General del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, con rango de director o directora general, será nombrada y cesada por el Consell, a propuesta de la Presidencia y será la responsable de la dirección y gestión ordinaria del organismo autónomo. La puesta en funcionamiento del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, Derechos Humanos y Libertades Públicas se producirá en el momento que así lo acuerde el Consejo Rector, el cual deberá estar constituido en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del reglamento aprobado este viernes por el Consell.