Un jefe informático del CGPJ, imputado por dar datos reservados a la red de Villarejo
El juez del caso Tándem ha imputado por revelación de secretos y/o cohecho a otras cinco personas en la llamada pieza Land, la tercera de la macrocausa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el excomisario Villarejo. En esta pieza se investiga el encargo de Susana García-Cereceda, dueña de La Finca de Pozuelo, al policía y su red para espiar a su hermana, Yolanda, al exmarido de esta Jaime Ostos, a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, y al conocido arquitecto Joaquín Torres.
El magistrado ha imputado ahora en esta pieza al comisario considerado colíder del «consorcio criminal», Enrique García Castaño, el Gordo; al inspector jefe de la Comisaría General de Información Juan José Díez Álvarez, ya jubilado, y a un jefe de sección de informática judicial en el Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés Pérez, que sigue trabajando como técnico en el órgano de gobierno de los jueces. En el auto, al que ha tenido acceso ABC, en el que les llama a declarar, imputa a otras dos personas: Juana Navas Mendiola e Isabel González Cabezas.
En el auto el juez Manuel García-Castellón señala la existencia de claros indicios de que todos ellos «habrían facilitado datos reservados de las víctimas mencionadas y de tres nuevos perjudicados a los representantes de Procisa (matriz de García Cereceda) a cambio de dádivas, según recogen los informes policiales. Los imputados proporcionaron al comisario datos confidenciales a los que accedían ilegalmente. Entre los espiados está la que fue titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón en 2009, la juez Mónica Gómez Ferrer, que instruyó la causa de los presuntos abusos sexuales a la hija de Yolanda García-Cereceda por parte del padre de la niña, que fueron archivados.
En el despacho de García Cereceda la Policía halló cuatro documentos relacionados con Land, uno de ellos titulado «Avance verbal 16.10.13» sobre los matrimonios y antecedentes penales de Jaime Ostos en Estados Unidos, e información policial sobre él. Los otros tres son ampliaciones. Además, encontraron en ese mismo despacho y en el de su socio otros dos informes, uno sobre el perfil mercantil de sociedades Cabde y otro sobre un seguimiento efectuado a la citada magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Pozuelo.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene (y aportó las facturas) que Susana y su socio, Francisco Lorenzo Peñalver, pagaron a la organización del policía jubilado 362.000 euros por esos trabajos en 2013, aunque simulando los conceptos. García Cereceda, Peñalver y el empleado de ambos, el expolicía David Fernández, fueron detenidos e imputados por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil en mayo. El pasado 30 de julio el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó el sobreseimiento de las actuaciones contra los tres investigados, una decisión que revocó la Sala de lo Penal el pasado diciembre tras el recurso de Anticorrupción.
García Castellón cita en el auto a García Castaño para que declare como imputado mañana por esta pieza y emplaza a los siete perjudicados a que declaren el lunes: Yolanda García-Cereceda, Jaime Ostos, Silvia Gómez Cuétara, el arquitecto Joaquín Torres Vérez, la juez Mónica Gómez Ferrer, Antonio Garzón Fuentes y la mujer del exmarido de Susana García-Cereceda, Marta María Fernández Vázquez-Figueroa.
Estas son las primeras citaciones de esta pieza acordadas por el nuevo instructor del caso Tándem en la Audiencia Nacional, que asumió la causa este mes después de la partida del anterior magistrado, Diego de Egea.