La llegada de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea resucita a la oposición
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Hace quince días la moribunda oposición no tenía un líder capaz de unirlos a todos. Ahora ese líder tiene nombre: Juan Gerardo Guaidó. Su juramentación el pasado 5 de enero como presidente de la legítima Asamblea Nacional -por la que votaron 14 millones de personas- revivió la esperanza de los venezolanos y reactivó el juego político con la vuelta al ruedo de una oposición más articulada y bajo la titularidad de un joven, ingeniero industrial, de tan solo 35 años de edad.
«Venezuela nació en un cabildo y en cabildos abiertos renace la esperanza en cada rincón de nuestra patria, un pueblo que clama reconciliación y ser libre», esas palabras las utilizó Guaidó para dar inicio a su gira exprés por varias ciudades del país antes de la gran marcha convocada para el 23 de Enero. Día que se cumplen 51 años de la caída de la penúltima dictadura militar en Venezuela.
Por ahora, el principal objetivo de Juan Guaidó es forzar la salida del régimen del Palacio de Miraflores. Para ello ha trazado una hoja de ruta que consta de tres pasos: el cese de la usurpación de Maduro, la conformación de un Gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres. La Asamblea Nacional ya declaró la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al desconocer las elecciones fraudulentas del año pasado. Sin embargo, Guaidó no ha sido juramentado aún como presidente interino aunque el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo reconozca de esa manera.
Toma de posesión
La Constitución venezolana, en su artículo 233, señala que cuando se produce la falta absoluta del presidente, toma posesión el presidente de la Asamblea. Ante la aclamación de la gente para que Guaidó preste juramento, recordó a su seguidores que «aunque Nicolás Maduro tenga la banda presidencial, eso no lo convierte en presidente del país. Es un usurpador».
José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, dice a ABC que Guaidó no ha jurado como presidente porque «no puede ocupar físicamente el Palacio presidencial y controlar el Gobierno, mientras Maduro continúe ahí». A su juicio, la AN tendrá que ir conquistando el ejercicio efectivo de competencias del Ejecutivo como la representación internacional del Estado venezolano y el manejo de activos desde el exterior.
Pero la jura de Juan Guaidó se espera para el próximo miércoles 23 de enero cuando la oposición -de nuevo unida- salga a las calles a «reconocerse como mayoría». La comunidad internacional, siguiendo a Estados Unidos, reconocería su figura como presidente interino del país. Sin embargo, una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Caracas contra Guaidó podría resquebrajar los planes de la oposición.
Moisés Rendón, director asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, dijo a ABC que EE.UU. advirtió de la ilegitimidad de Maduro y que «no es una decisión reversible». Aseguró que EE.UU y la comunidad internacional están «obligados a reconocer a Guaidó como presidente porque es la única opción que les queda», incluso desde una perspectiva humanitaria y del derecho internacional hasta que hayan unas nuevas elecciones.
Guiño a la Fuerza Armada
La transición en Venezuela es un proceso que tomará tiempo. Pero la democratización pasa indiscutiblemente por el componente de la Fuerza Armada. El Parlamento opositor aprobó el pasado martes una ley de amnistía para civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia, un guiño a la Fuerza Armada Nacional para cambiar el deber de obediencia.
«Hay que reducir los costes de la desobediencia, en pocas palabras, hay que crear incentivos para que los funcionarios decidan dejar de cumplir las órdenes de Maduro con una estrategia doméstica e internacional», comenta el abogado José Ignacio Hernández.
Por otro lado, está la oferta de perdón a los militares que colaboren con la transicion. Sin embargo, las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad no podrán contar con este beneficio. «A la veintena de altos cargos involucrados en delitos de lesa humanidad se les ofrecerá ser juzgados en Venezuela y no en La Haya», señala Hernández como parte de una medida llamada justicia transicional.