¿Y ahora qué hacemos?

Pasó lo que tenía que pasar. Ya lo habían advertido los militares hace una semana en Acambay, Estado de México, cuando la gente se reunió junto a una toma clandestina para reunir el combustible que manaba del ducto.

Le dijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Pero no sucedió. Lamentablemente esta vez sí aconteció en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Hay diversas voces en las redes sociales, unos lamentan lo sucedido, otros condenan a la gente que estaba ahí sacando la gasolina en tambos, pero lo cierto es que la tragedia alcanza niveles impensables.

Según el corte que hicieron las autoridades ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, ya van 85 muertos y todavía quedan 58 hospitalizados, por lo que la cifra de decesos podría aumentar.

Ese mismo día en San Juan del Río, Querétaro, estalló otra toma clandestina, en esa ocasión no hubo víctimas.

Lo cierto es que en todo esto hay atrás una mano perversa que provocó esta tragedia y al final la gente es utilizada como carne de cañón.

La manipulación de los grupos delincuenciales sigue contando con la gente para sus intereses.

Dice el Presidente que la gente es obligada por la necesidad y por eso recurre a estas prácticas que benefician a los grupos criminales. En varias investigaciones periodísticas que aparecieron antes de la explosión, se da cuenta de que los huachicoleros pican los ductos y le ofrecen dinero a los pobladores para que lleven la gasolina que sale de la línea a una pipa que tienen a unos metros del lugar.

La gente del pueblo acude, sin importar el riesgo, y le hace la chamba a los delincuentes, por unos pesos.

Mientras tanto, el presidente López Obrador anunció ayer que en próximos días darán a conocer el Plan Integral de Bienestar para apoyar a todas las regiones por las que pasan los ductos de Pemex.

AMLO mencionó que buscarán apoyar a unos 80 municipios en el país, a un millón de familias, para evitar que colaboren con el crimen organizado.

En Guanajuato, hace dos años, el robo al tren ocasionaba enormes pérdidas a las empresas y se aplicaron apoyos gubernamentales a las familias que viven junto a las vías para que no tuvieran que robar los vagones. Además se incrementó la vigilancia y se redujeron drásticamente los robos.

Ahora le toca al gobierno de López Obrador llevar a cabo estas políticas para abatir la colaboración de familias enteras en todo el país con los huachicoleros.

Contra los criminales es esta lucha.

andres.amieva@milenio.com