Las reformas de Sánchez ya minan la capacidad del PIB para crear empleo

La subida del salario mínimo hasta 900 euros y el aumento de los impuestos al empleo son barreras que han encarecido la contratación y que se traducirán este año en que la economía requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Así parece contemplarlo el propio Ejecutivo, que en su cuadro macroeconómico estima que la ocupación repuntará un 1,8% frente al 2,2% que crecerá el PIB. Son cuatro décimas, la mayor distancia desde 2014 entre lo que repunta el PIB y lo que aumenta el empleo, en términos de contabilidad nacional. Esto quiere decir que la economía requiere de más actividad para crear empleo que antes, lo que eleva la rigidez del mercado laboral y resta competitividad, según expertos consultados. Si el año pasado el Ejecutivo asume que se creció un 2,6%, casi todo se tradujo en generación de empleo, ya que la ocupación se incrementó un 2,5% según sus estimaciones. Si en 2017 se creció un 3,1%, el empleo repuntó un 2,8% mientras que en 2016 se generó un 3% más de puestos de trabajo con un avance del PIB del 3,3%, que fue del 3,4% en 2015. Ese año el aumento del empleo fue del 3,2%. Casi la totalidad del crecimiento se traducía hasta ahora en generación de empleo. A cambio de que el crecimiento del PIB se volcara en el empleo, la productividad creció marginalmente una décima en 2019, y tres décimas en 2017 y 2016. La estimación del Gobierno parece recoger un aumento mayor de esta variable que, en palabras del economista jefe de España de BBVA Research, Miguel Cardoso, no se justifica. «Nosotros estimamos que la productividad siga estancada mientras no haya reformas», describe. En empleos contantes y sonantes, el mismo Pedro Sánchez cifró en algo más de 330.000 el número de puestos de trabajo que desde el Gobierno estiman creará España este año. Lo cierto es que la cifra, a falta de que hoy se conozcan los datos definitivos de la EPA del cuarto trimestre, supone más de 120.000 puestos de trabajo menos que los que el Ejecutivo estima se han creado en 2018. Una diferencia de una magnitud de un año a otro que no parece justificarse con un recorte del crecimiento de «solo» cuatro décimas -del 2,6% al 2,2%-. Un cambio sin precedentes Curiosamente, el dato que facilitó Pedro Sánchez de empleos creados en 2019 rompe la tradición de que el Gobierno estime el número de puestos creados en términos EPA a cuarto trimestre de cada año que siempre se ha tomado como referencia por parte de todos los Ejecutivos, desde Rodríguez Zapatero hasta Rajoy. En su lugar, estos 330.000 obedecen a empleos creados en términos de contabilidad nacional anual, un cambio que no tiene precedentes. Como fuere, se trata de la menor creación de empleo desde 2014, que se corresponde con el crecimiento de la actividad más bajo desde dicho año. Los expertos consultados señalan el incremento del salario mínimo (SMI) como la principal razón de este mayor desajuste entre PIB y empleo en 2019. Cardoso apunta que un incremento del 22,3% del salario mínimo tendrá «consecuencias negativas para el empleo en términos netos» y calcula una pérdida de puestos de trabajo en la horquilla de Banco de España y Autoridad Fiscal (de 150.000 a 40.000 empleos menos), lo que explica las previsiones del Gobierno. «El gran impacto del alza del salario mínimo se va a producir en las comunidades del sur», resuelve, ante el mayor número de trabajadores que cobran menos de 900 euros al mes en estas regiones, para añadir que, más allá del SMI, para sueldos superiores «los empleos que se creen este año a lo mejor no van a tener remuneraciones tan elevadas como en años anteriores». La subida del salario mínimo tendrá, por tanto, más implicaciones en el mercado de trabajo que las explicadas por el Gobierno y Podemos. Aquellos que ganan menos de 900 euros al mes están de enhorabuena porque su nómina ya debe reflejar esta cantidad, salvo que el empresario o autónomo que le tenga contratado se haya visto obligado a prescindir de su puesto porque no puede afrontar una subida de su sueldo del 22,3%, el mismo porcentaje en el que ha aumentado el coste que pagan sus empleadores a la Seguridad Social. A este aumento de la fiscalidad para los sueldos más bajos se ha unido el alza del 7% en las bases máximas de cotización, la que se corresponde con los salarios más altos (52.250 euros año). Aumentará la fiscalidad para las empresas, pero también reducirá el sueldo neto del trabajo. El peligro en este caso es que estos trabajadores, los más cualificados, busquen nuevos horizontes profesionales fuera de España. Podría ocurrir igualmente que el alza de costes no pueda ser asumida por la empresa y que tenga que prescindir de alguno de sus trabajadores. Saldrán perdiendo los que resultan más baratos y menos cualificados. Este alza de barreras al empleo se ha producido en un momento en el que los costes de las empresas españolas son 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de europea y 13 puntos más elevadas que en países como Reino Unido o Irlanda. Aumentar las cargas supone un riesgo del que puede salir perjudicado el empleo. «Su efecto es inmediato» en la contratación, aseguran las fuentes consultadas. Contratos a tiempo parcial Estas mismas fuentes aseguran que ya se está produciendo un impacto en los contratos a tiempo completo que, en algunos sectores, se están sustituyendo por otros a tiempo parcial. Son modificaciones que responden al encarecimiento de la contratación de empleos poco cualificados y son las familias las que están cambiando las contrataciones por el alza de impuestos. Se trataría de empleadas de hogar, cuidadoras y afectaría también a trabajadores poco cualificados de la hostelería.