Los CDR vierten heces y residuos frente a una veintena de juzgados catalanes
Los Comités de Defensa de la República (CDR) han arrojado heces y otros residuos a las puertas de una veintena de juzgados, entre ellos la Ciudad de la Justicia de Barcelona o los de Gerona, en una protesta por el inminente inicio del juicio por el "procés".
La protesta ante los juzgados, que los CDR han reivindicado en su cuenta de Twitter, lleva como lema "mierda de justicia" y "juicio farsa", en una crítica al juicio del "procés" que se iniciará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.
Tras estos actos, los CDR han recalcado en su cuenta de Twitter: "No podemos normalizar la situación. Pronto empezará el #juicioFARSA y la sentencia ya está escrita. Quieren encarcelar a todo un pueblo. Ante este atentado contra el estado de derecho, nos mantenemos firmes y movilizadas".
Además, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) se ha recordado también a Adrià Carrasco, miembro de los CDR que el 10 de abril de 2018 se marchó a Bruselas al saber que la Guardia Civil lo buscaba para detenerlo por haber participado en unos cortes de carretera y en una apertura de peajes en distintas movilizaciones del "procés".
Antes estos ataques, los jueces catalanes han pedido que se persigan los ataques de CDR.
Según han informado a Efe fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de determinar al autor o autores de estas actuaciones de los CDR, que han sido condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía General del Estado y las principales asociaciones de jueces.
El TSJC ha pedido que se depuren responsabilidades ante esta "cadena de sabotajes" por parte de los CDR, que ve "inaceptable" en un Estado de Derecho, ya que altera el "normal funcionamiento" de las instituciones del Estado.
La sala de gobierno del alto tribunal catalán ha condenado de manera "rotunda y enérgica" la actuación de los CDR y ha denunciado que ha tenido una "importante incidencia" en la apertura de los edificios judiciales, hasta el punto de que ha obligado a cerrar algunas instalaciones.
En la misma línea, la Fiscalía General del Estado ha condenado los ataques y ha advertido de que suponen "un atentado contra el Estado de derecho que entorpecen el normal funcionamiento de un servidor público".
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en Cataluña, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que establezca medidas de seguridad ante los "ataques masivos" por parte de los CDR contra los juzgados.
Según esta asociación conservadora de jueces catalanes, estos hechos "no son acciones de protesta", sino "algo más que vandalismo" que tiene como finalidad "amedrentar" al poder judicial.
"Desde luego que no lo conseguirán, pero es preciso establecer medidas de seguridad", ha subrayado la APM, que ha advertido de que esta actuación forma parte de una campaña de "ataques masivos perfectamente organizados" que es lo que creen que les espera en los próximos meses a los jueces que ejercen en Cataluña.
También ha condenado estos ataques la asociación progresista Jueces por la Democracia, que considera que la actuación de los CDR "excede los derechos de libertad de expresión y crítica" y acarrea gastos de limpieza que pagará toda la ciudadanía con sus impuestos.
Para esta asociación, "el derecho a la libertad de expresión y de crítica a las actuaciones de los poderes públicos, también judicial, es un derecho constitucional", pero los ataques de los CDR "exceden esos derechos".
JxD denuncia que esas protestas pretenden "deslegitimar de forma generalizada la labor de los jueces y funcionarios de la administración de justicia", una institución que a su parecer es "fundamental para resolver los conflictos y garantizar los derechos de toda la ciudadanía".