El debate sobre la continuidad de la Educación Especial sale a las calles
Mantener o no los centros de Educación Especial. Ese es el objeto del debate que, desde hace unas semanas, se ha adueñado de las conversaciones en las entidades del sector, en las reuniones de padres y los claustros de profesores, y parece que no se ponen de acuerdo.
El asunto saltó a la luz cuando el Consejo Escolar del Estado aprobó el traspaso de los 35.000 niños escolarizados en estos centros a otros ordinarios para el año 2025. Desde ese momento, las Ampas se revelaron y mostraron su desacuerdo con la medida.
Tanto es así, que en Castilla y León ya son 30 las organizaciones relacionadas con la discapacidad intelectual que han anunciado que saldrán a las calles de Valladolid el próximo sábado 23 a las 12 horas, desde la Plaza de Colón, para pedir que se revierta esta decisión que consideran «totalmente errónea».
Así lo asegura a LA RAZÓN Esmeralda Tejero, portavoz de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de la Comunidad y miembro de la «Plataforma Educación Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN», quien defiende que en los colegios de Educación Especial «los niños desarrollan todas sus capacidades, allí no están segregados ni discriminados, es donde se les facilitan las herramientas que les permiten desarrollarse de forma integral».
«De nada sirve que vayan a uno ordinario si allí no reciben la atención adecuada. La inclusión no es compartir un mismo espacio, es ser parte de una sociedad y eso se consigue potenciando al máximo sus posibilidades de comunicación cosa que, hoy por hoy, no es factible en un centro del sistema ordinario», añade.
Asimismo, asevera que los colegios de Educación Especial «no son centros asistenciales, son centros educativos donde cada niño recibe el tiempo que requiere, se respetan sus ritmos, que son diferentes en cada caso y se adaptan las materias para sacar lo mejor de ellos».
En la misma línea se pronuncia C.R., profesora en uno de estos colegios de la capital vallisoletana quien sostiene a este diario que «como no puede ser de otro modo, estamos a favor de la inclusión de nuestros alumnos, con ese fin trabajamos cada día, pero con los recursos que hay en la ordinaria no es posible integrar de forma correcta a todos».
Explica que hay pequeños que requieren de unos tratamientos muy concretos a lo largo de sus horas lectivas, como la asistencia de especialistas en Audición y Lenguaje o fisioterapeutas que, a su vez, necesitan su propio espacio para trabajar, «y eso no lo hay en la educación ordinaria».
Anteproyecto de ley
Mientras el Gobierno central tramita un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, los padres se organizan bajo el mandamiento de que «el derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos por igual, sino tratar a cada uno como necesita», según uno de los documentos remitidos por el Ampa de uno de los centros de Educación Especial de la Comunidad.
También ponen el foco en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a nivel estatal, uno de los precursores de este cambio a favor de un modelo educativo inclusivo, «en el que todos los niños convivan en los mismos espacios dentro de la escuela».
Por su parte, la Consejería de Educación trata de calmar los ánimos. En un comunicado de prensa enviado recientemente asegura que seguirá manteniendo los colegios de Educación Especial si bien el objetivo es el modelo inclusivo, «para lo que se están dando grandes pasos».
«Para avanzar en esta línea es preciso realizar reformas importantes en el sistema», continúa el documento que asegura que la preferencia de las familias es un condicionante que ha de tenerse en cuenta.