Turull antepone el «mandato» de una parte de Cataluña a la Ley y la Justicia
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En una declaración combativa, el antiguo consejero catalán de Presidencia se escudó en un supuesto «mandato democrático» que les llevó a seguir adelante con los planes ilegales que conformaron el «procés» a pesar de los avisos de la Justicia, que les ordenó parar. Turull explicó que el Govern colocó el deseo de una parte de Cataluña por encima del cumplimiento de la Ley y de la obediencia al Tribunal Constitucional, en lo que calificó de «un ejercicio de ponderación».
Afloraron los rifirrafes en la cuarta sesión del juicio, en el interrogatorio a Turull, el tercero de la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo y el más bronco por ahora. El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, se esforzó en controlar el debate y acotar las intervenciones de las partes. Pidió a Turull que no realizara «juicios de valor» sobre las tesis del Ministerio Público, acotó las preguntas del fiscal que interrogó al exconsejero, Jaime Moreno, y cortó a la abogada del Estado porque se había perdido en su enrevesado enunciado.
«Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada. La gente de Cataluña, sea independentista o no, tiene criterio. El movimiento independentista va de abajo hacia arriba», manifestó Turull, que explicó que actuaron convencidos de que disponían de un «amparo legal» derivado de ese supuesto compromiso con «la ciudadanía catalana». Ese argumento, anclado en los resultados de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, silencia a los ciudadanos que votaron a formaciones contrarias a la secesión, además de ignorar los procedimientos legales. Los independentistas alcanzaron la mayoría en escaños, pero sumaron el 47 por ciento de los votos, menos de la mitad.
Turull defendió que los líderes del «procés» buscaron un referéndum pactado «hasta el último minuto», alegó que no se destinó ni un euro de dinero público a la votación, y rechazó el carácter violento del plan, incluso en los acontecimientos del 20 de septiembre de 2017. «Cataluña es pacífica, somos el país de Pau Casals», presumió.
El «exconseller» -que se enfrenta a 16 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación- alegó que la convocatoria de un referéndum sin competencias para ello «no merece reproche penal» en la ley, pues el legislador lo sacó del Código Penal en 2005. José Luis Rodríguez Zapatero derogó el tipo penal que impulsó dos años antes José María Aznar pensando en el plan de Juan José Ibarretxe, del PNV.
El censo universal
En esa «ponderación» en la que insistió, Turull encuadró el censo universal, el formato que permitió a los militantes secesionistas votar en cualquier centro electoral el 1-O, una medida que impedía controlar si alguien votaba en varias ocasiones. «Lo hicimos para compatibilizar las exigencias de la magistrada (Mercedes Armas, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó evitar la votación ilegal) y nuestro compromiso con los ciudadanos», aseguró el acusado, que calificó la intervención de la Policía de «desproporcionada no, lo siguiente».
Con una argumentación inédita hasta ahora, Turull achacó parte de la culpa al propio Constitucional. Lo que sucedió en los meses de septiembre y octubre de 2017 -la recta final del «procés», con las leyes de la ruptura, el referéndum ilegal y la declaracion unilateral- no debía de ser tan grave si el tribunal garante no empleó su poder para hacer cumplir sus resoluciones, dijo.
En un ejercicio del recurso político al «y tú más», el «exconseller» enumero además una serie de incumplimientos de sentencias del Constitucional «del Estado español hacia la Generalitat». «Ponerte el traje de constitucionalista te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana. Sin embargo, si eres independentista lo que te espera es la prisión», manifestó. «Después dirán que no nos persiguen por las ideas, ya lo veo», ironizó en una parte del interrogatorio en el que brotó un tono soberbio, que fue decayendo.
Durante toda la declaración latió de fondo su vínculo -político y emocional- con Puigdemont, el expresidente catalán fugado. Finalizó su comparecencia con las palabras del ahora prófugo en Waterloo el día antes de la declaración unilateral, cuando achacó el paso final del «procés» al Gobierno de Rajoy, por no ofrecer garantías para una convocatoria de elecciones autonómicas, que llegaron tras la aplicación del artículo 155.