Guerra entre los agricultores valencianos ante la reunión con el ministro
La crisis del sector agrario no ha quedado solo en el campo, con toneladas de cítricos pendiendo de los árboles, o en el suelo, perdidas al no poderse vender. El mal momento se ha trasladado a la relación entre las principales organizaciones agrarias valencianas, La Unió y AVA-Asaja, enfrentadas a pocas horas de que la segunda se reúna con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
El sindicato agrario La Unió de Llauradors criticó ayer que Intercitrus (formada Asaja, COAG, UPA, Cooperativas y Comité Gestión Cítricos) haya vetado su participación en el encuentro de hoy con el ministro, por lo que tendrá que reunirse posteriormente con el Secretario General del Ministerio.
Ante el «absurdo veto» a La Unió, informaron desde este organización, se presentarán «medidas serias» al segundo de Planas, mientras que Intercitrus «no ha hecho ninguna propuesta en diez años de letargo».
Oportunidad de oro
La Unió critica que las organizaciones que conforman Intercitrus (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas y Comité Gestión Cítricos) han perdido una oportunidad de oro para haber impulsado medidas a través de la interprofesional que hubiesen evitado o, en el peor de los casos minimizado, la grave situación por la que ahora atraviesan las personas que se dedican a la citricultura.
En este sentido, explicaron que la campaña citrícola continúa siendo «un auténtico desastre» y la única medida planteada hasta la fecha para los productores como es la ayuda para la retirada «es un claro fracaso».
A escasos días para concluir el periodo de solicitud -finaliza el 31 de marzo- sólo el 39 por ciento del volumen de toneladas previsto para acceder a las ayudas se ha solicitado, es decir de 50.000 toneladas únicamente hay pedidas 19.300 a fecha de 3 marzo. De esa cantidad, el 42 por ciento lo ha solicitado Andalucía y el 37 la Comunitat Valenciana. Es decir, solo 7.141 toneladas procederían de la Comunitat. La Unió se mostró muy crítica desde el primer momento con esta medida para compensar unas pérdidas que sólo en la Comunitat son superiores a los 240 millones.